Contar con instituciones sólidas y respetadas es un factor que contribuye al desarrollo. Así lo demostraron los economistas galardonados recientemente con el Premio Nobel y así lo ha comprobado a lo largo de su historia la Argentina, que ha padecido su ausencia: instituciones débiles y un Estado ineficiente terminaron generando una decadencia difícil de desterrar. Conseguir que la Justicia funcione, que las leyes no se borren y alteren cada dos años, que el sector público tenga políticas de Estado, que las reglas se cumplan y sostengan inversiones y crecimiento, se ha vuelto una asignatura tan difícil como resolver el déficit fiscal, la inflación o la pobreza. El Gobierno se ha propuesto transformar el Estado, en muchos casos para achicarlo y en otros para mejorar su funcionamiento. En ese marco, ayer anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una medida tendiente a reducir su estructura y consecuentemente, el gasto que le representa al Tesoro. El anuncio fue hecho por el vocero Manuel Adorni, quien mencionó que al menos 3100 empleados serán pasados a disponibilidad. En paralelo, se eliminarán 45% de las posiciones jerárquicas y 31% de las ubicadas en niveles inferiores. En el discurso oficial también hubo espacio para aludir a la corrupción y a las castas, uno de los argumentos que precisamente también estuvo sobre la mesa en 1996 para justificar la creación de la AFIP. Eran tiempos de la "Aduana paralela", repotenciados años después con las denuncias que atravesaban a la "Aduana colador". El nuevo organismo buscaba dejar atrás ese lastre y para eso se lo dotó de un presupuesto autónomo, financiado con un porcentaje de la recaudación de impuestos y derechos aduaneros(sin contar los recursos de la seguridad social), que desde 2005 quedó fijo en 1,9%. Esa suma se resta de la coparticipación federal, y por esa razón históricamente ha sido impugnada por las provincias. El Poder Ejecutivo no divulgó aún el decreto que disuelve la AFIP y crea la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con lo cual no es posible saber si cambiarán sus condiciones de financiamiento vía impuestos. Pero si ese 1,9% coparticipable se reduce o desaparece (con las cifras de septiembre, hoy representa unos $ 2 billones al año), es un ingreso que recuperan las cajas provinciales. De repente, acordar con los gobernadores un cambio en el sistema tributario, una necesidad ineludible, puede llegar a encontrar un estímulo que no estaba en la agenda de nadie.