Si hay un adjetivo que no se puede adjudicar al diccionario kirchnerista es ansioso. En eso coinciden por estos días abogados, jueces, legisladores y demás actores políticos en la previa de lo que definen como la catarata de amparos que caerán contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Cada párrafo está pensando hasta en el detalle más nimio, e incluso desde el arco opositor hubo acuerdo general en presentar las demandas en simultáneo en el fuero contencioso administrativo. Pero para hacerlo se precisa que la Presidenta promulgue la ley. Y Cristina, con la misma paciencia con la que Néstor Kirchner definía la estrategia electoral, parece decidida a esperar hasta el último día para hacerlo.

El jueves 23, en menos de 72 horas, se cumplirán diez días hábiles desde que el Senado aprobó la ley, por lo cual la misma quedará automáticamente promulgada y se podrán presentar los amparos. Ese día también faltará menos de un mes para que los partidos oficialicen sus listas de precandidatos a diputados, senadores y, de confirmarse la ley y un decreto que la habilite, consejeros de la Magistratura. En ese contexto, con el calendario tan apretado, surgen dudas acerca de si las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO) del 11 de agosto incluirán en sus listas a los postulantes a cubrir 12 cargos de consejeros. Si bien han circulado nombres, ni siquiera desde el Frente para la Victoria único en cumplir con el requisito de estar representado en 18 distritos se postuló formalmente a alguien a ocupar un lugar en el Consejo.

El motivo de esa indefinición del Gobierno tiene que ver con la amenaza de amparos de la oposición, que incluirán el pedido de una cautelar para suspender las primarias para consejeros, y con la creencia oficial de que la Corte Suprema, ante una eventual intervención a través del per saltum, no los acompañará. En el ámbito judicial hay coincidencia respecto a esa hipótesis, al punto que en el entorno de la jueza electoral María Servini de Cubría aseguran que, por el poco tiempo que resta para las PASO y por esa posible intervención del máximo tribunal o de un juzgado de primera instancia, al Gobierno no le quedaría otra opción que esperar hasta las presidenciales de 2015 para lograr que a los consejeros los vote el pueblo.

Mientras, después de casi tres meses de parate, el Consejo de la Magistratura volverá a reunirse el jueves 30 en comisiones, aunque se desconoce la agenda de los temas que se tratarán. La incertidumbre sobre el futuro del cuerpo, curiosamente, golpea más a los consejeros oficialistas que a los opositores, todos con mandato hasta noviembre de 2014. Quienes transitan los pasillos del edificio del Consejo que el Poder Judicial alquila a la Anses, en la calle Paraná, aseguran que hay preocupación en el bloque K del cuerpo por lo que vendrá, la denominada camporización de la Justicia, en relación a la posibilidad de que los cargos oficialistas en el reformado Consejo sean ocupados por miembros de la agrupación juvenil La Cámpora.

Si avanzan con la ley, van a tener soldados por 30 años en la Justicia, que es el único bastión que no les responde, confían allegados a los consejeros que se consideran mestizos, por su cercanía con el kirchnerismo y, a la vez, su clara identificación con el peronismo tradicional. Ellos odian a los peronistas, no dudan en declarar desde el anonimato de las cómodas oficinas de Paraná y Corrientes, que esperan no tener que compartir durante un año entero con los nuevos integrantes, seis delos cuáles serán del ámbito académico, tres representarán a los abogados y los otros tres a los jueces.