“En economía, las cosas tardan más de lo que uno cree en suceder y, cuando finalmente suceden, lo hacen mucho más rápido de lo que uno hubiera imaginado”.
La conocida reflexión de Rudi Dornbusch contiene una advertencia especialmente pertinente para la Argentina. Durante una estabilización es difícil saber si las dificultades son transitorias y sólo requieren paciencia o si están indicando que algo debe corregirse. Actuar prematuramente puede debilitar un programa cuyos resultados necesitan tiempo. Pero esperar demasiado puede convertir un ajuste manejable en una decisión urgente, más costosa y menos eficaz.
Javier Milei ha hecho de la perseverancia una marca de su gobierno. Habla de “atarse al mástil”, de “morir con las botas puestas” y de no “borrar con el codo lo que escribió con la mano”. La determinación tiene valor en un país que ha abandonado innumerables estabilizaciones ante las primeras dificultades. El riesgo aparece cuando sostener los objetivos se confunde con mantener intactos los instrumentos. El viceministro José Luis Daza reconoció recientemente que la economía crece menos de lo esperado y pidió paciencia para que maduren las inversiones y los beneficios del nuevo modelo. Puede tener razón. Pero la paciencia, por sí sola, no es una estrategia.
Un programa económico exige un diagnóstico, un diseño, una ejecución, una comunicación y, finalmente, monitoreo y disposición a revisar lo decidido. En el diagnóstico, mis coincidencias con el Gobierno son amplias. La Argentina necesitaba terminar con la dominancia fiscal sobre la política monetaria, reducir la inflación, eliminar distorsiones y abrir espacios para la inversión y la productividad. El equilibrio fiscal y la desinflación son logros importantes. Cuestionar ciertos aspectos del programa no significa desconocerlos ni proponer volver atrás.
Las diferencias comienzan en el diseño y la implementación. La sucesión de fases dejó sin resolver definitivamente la transición hacia un régimen monetario y cambiario de mediano plazo. Persisten controles, bandas cambiarias y una política monetaria cuya relación con las operaciones financieras del Tesoro no siempre resulta transparente. El último Informe de Política Monetaria del BCRA dedicó escasa atención a cómo funcionarán las bandas y a qué hará la autoridad monetaria si los objetivos de reservas, demanda de pesos y estabilidad cambiaria entran en conflicto.
A ello se agregan dificultades de ejecución. Algunas transiciones introdujeron volatilidad innecesaria; otras medidas de estabilización avanzaron mucho más rápido que las reformas destinadas a reducir costos productivos y facilitar la adaptación de empresas y trabajadores. No todas esas diferencias de velocidad constituyen errores: las reformas estructurales requieren acuerdos, inversión y tiempo. Pero la manera de administrar ese intervalo importa. También importa la comunicación. Exhibir supuestos “arsenales” extraordinarios de dólares para enfrentar una corrida, o descalificar sistemáticamente las críticas, puede aumentar la incertidumbre que se pretende disipar.
La cuestión decisiva, sin embargo, es la disposición del Gobierno a revisar sus decisiones cuando la realidad no confirma las hipótesis sobre las que fueron adoptadas.
La estrategia de acumulación de reservas descansa en parte en que la desinflación recupere la demanda de pesos. Si el público desea mantener más moneda nacional, el BCRA puede comprar divisas y emitir pesos sin generar necesariamente presiones inflacionarias. Pero por el momento la remonetización sigue siendo esquiva. Y en 2027, la proximidad electoral podría intensificar el atesoramiento de dólares y reducir la demanda de activos en pesos. Al mismo tiempo, el Tesoro deberá renovar vencimientos en moneda local y conseguir divisas para atender sus pagos externos.
En esas circunstancias, una menor disposición a renovar deuda podría obligar al Tesoro a ofrecer tasas más elevadas o utilizar sus depósitos para pagar vencimientos. La primera opción encarece el financiamiento público y privado y puede profundizar la debilidad de la actividad. La segunda devuelve liquidez al mercado en un momento en que parte de sus tenedores podría preferir dólares. El BCRA tendría entonces que decidir cuánto absorber, qué presión cambiaria tolerar y cómo preservar las reservas. No hay aquí una crisis inevitable; sí un conjunto de decisiones con costos que el mero paso del tiempo no resuelve.
Las señales financieras vuelven más importante esta discusión. El aumento reciente del riesgo país y el deterioro de los bonos argentinos no pueden adjudicarse solamente a la aversión global al riesgo. Las dudas sobre reservas, vencimientos, política monetaria y actividad son predominantemente locales. Tampoco significa que los mercados siempre tengan razón. Pero ignorar una tendencia persistente porque contradice la convicción oficial puede ser peligroso. El riesgo país más alto dificulta recuperar financiamiento; y esa dificultad, a su vez, puede alimentar las dudas que lo elevaron.
Corregir también tiene costos. Modificar un instrumento defendido enfáticamente puede parecer una concesión, provocar volatilidad o ser interpretado como un abandono del rumbo. Para un presidente que ha convertido la coherencia doctrinaria en atributo político, esa percepción probablemente pese mucho. Pero hay una asimetría: el costo de corregir suele ser inmediato y visible, mientras que el de no hacerlo se acumula gradualmente en tasas altas, menor inversión, dificultades de crédito y pérdida de empleo. Cuando finalmente aparece en los precios de los activos, el margen para actuar puede ser bastante menor.
Comparto la apuesta por una Argentina más abierta y productiva. El nuevo mapa geopolítico, con mayor demanda de proveedores confiables de alimentos, energía y minerales, ofrece oportunidades extraordinarias. Vaca Muerta, la minería y el agro pueden ampliar sostenidamente las exportaciones. Pero los beneficios de esas transformaciones tardan en materializarse y no alcanzan automáticamente a toda la economía. La pregunta no es sólo qué país queremos dentro de diez años, sino cómo atravesamos los próximos dos o tres sin debilitar las condiciones necesarias para llegar a él.
Por eso, el dilema no debería formularse como perseverancia o abandono del programa. Se trata de preservar el equilibrio fiscal, la desinflación y las reformas, conservando la libertad de corregir las herramientas que no estén dando los resultados esperados. Nadie puede precisar de antemano el momento óptimo de una corrección. Esperar puede ser sensato, pero no cuando se ha descartado de antemano cualquier revisión.
Atarse al mástil no debería significar cerrar los ojos ante los cambios del mar. El costo del inmovilismo no es sólo que los problemas persistan. Es que, cuando finalmente se decida actuar, una corrección que antes era posible y ordenada haya pasado a ser urgente, más dolorosa o, incluso, insuficiente.