Paradójicamente, la política argentina se ha vuelto inhóspita para la ciudadanía, entendida ésta como condición necesaria que asegura a todo ciudadano garantías y deberes constitucionales, derechos políticos, económicos y sociales. Una corrupción sistémica, omnipresente e impune se apoderó de los derechos y las legítimas expectativas ciudadanas propias de una democracia republicana.

La corrupción habita el grueso de las instituciones, del empresariado y del sindicalismo vernáculo. No solo mató sino que también traicionó ciudadanía. Es tal su gravedad que inspiraron el más duro apotegma ético-moral del propio Papa Francisco: ¡Pecadores si, Corruptos, no!

Sin titubeos, lo que le falta a la ciudadanía argentina, conforma ilícitamente el patrimonio de una casta política, empresarial, sindical y profesional autóctona (funcionarios, abogados, contadores, notarios, agentes de bolsa, CEO´s, gerentes, directivos, operadores, etc.; huérfanos de toda clemencia).

Bastaría un mero Excel para retratar y contrastar el devenir patrimonial de unos y otra en los últimos cincuenta años. He ahí los nuevos ricos corruptos, los que nos robaron la nutrición, la educación, la salud, la seguridad, la dignidad y el júbilo de nuestros viejos (jubilados y pensionados ordinarios); las viviendas dignas, la calidad y la tarifa justa y razonable de los servicios públicos esenciales y, transversalmente, toda la infraestructura que nos falta.

Desde el advenimiento de la democracia cuando la corrupción hizo desaparecer el Banco Social de la Provincia de Córdoba o, entre 1983 y 1989, que el Banco Hipotecario Nacional más que un banco fue un verdadero comité (que lanzó operatorias destinadas a "alquilar" voluntades de jueces, legisladores, periodistas, artistas, etc., como fue el caso de la conocida Operatoria 830, y las casi desconocidas Operatorias HN 700. Esas manipulaciones casi hacen quebrar al BHN, el cual fue salvado con un gran sacrificio económico que incluyó el de sus propios empleados), pasando por la "marroquinería" de Amira Yoma, de Ruitort (demorada en el año 2002 por la aduana chilena con cincuenta millones de bonos provinciales para Córdoba, LeCor) o de Antonini Wilson, etc.; el monumento a la corrupción en Yacyretá, la Tragedia de Once, los bolsos de Lopecito, el culposo hundimiento e irresponsable búsqueda del submarino ARA San Juan, los cuadernos o la financiación espuria de las campañas políticas (en un país que vive de campaña); urge condenar, encarcelar e inhabilitar a tanto ladrón de ciudadanía, sin prescripciones ni excarcelaciones posibles.

Estos son canallas e infames traidores a la ciudadanía, a la buena fe y a toda confianza en una política cabal. Sin escrúpulos y perfeccionando todo latrocinio, se perpetúan de generación en generación. Sin escatimar eufemismos, nos siguen mintiendo descaradamente. ¡Con la democracia se come, se cura y se educa!, ¡Síganme que no los voy a defraudar!, ¡la Banelco radical!; ¡Pobreza Cero!, ¡La inflación es algo simple, lo más fácil de resolver y reducir a un dígito!, ¡El dólar no va a llegar a $15!, ¡No vamos a devaluar!, El segundo semestre de 2016!, ¡Los brotes verdes!,¡Lo peor ya pasó!, ¡Ahora si todo va a mejorar!...

Así las cosas, defraudada toda expectativa ciudadana y todo deber constitucional, resulta artero y cínicamente descalificador que aún se pretenda exigir un solo sacrificio más a la ciudadanía, sin antes encarcelar a los corruptos y recuperar hasta el último centavo de todo lo robado a la misma ciudadanía. Esto último es un prerrequisito esencial e innegociable fruto de noble memoria, de toda verdad y estricta justicia si de derechos humanos acaso se trata.

Resulta urgente y crucial transformar nuestro ultrajado contrato social de modo tal que, finalmente, logremos la emancipación, satisfacción y bienestar general de la Ciudadanía en cuanto tal, conforme el verdadero espíritu de los merecimientos constitucionales.

Por último y en tanto ciudadanos, jamás habremos de admitir la cartelización de nuestra dignidad, de nuestras oportunidades, de nuestro desarrollo humano como de nuestro propio futuro, adelanto y progreso, por parte de crónicas y estructurales asociaciones ilícitas entre castas políticas, empresarias, sindicales u otras.

Finalmente, con leyes de compras y obra pública de la década de los años 40 sin controles públicos, con enriquecimientos políticos, empresarios, sindicales y judiciales ilícitos desde el 83; con heladeras familiares cada vez más vacías y pymes estranguladas tributaria y tarifariamente, bueno, ya es hora de sacudir emancipadoramente toda impotencia ciudadana porque, al fin y al cabo, nada es lo que nos hicieron si no lo que nosotros permitimos y así será, ¿o no?