Inversiones esquivas, ajuste y otras palabras prohibidas

"Cuando la inversión está realizada, es más fácil que el gobierno te presione". La sentencia corresponde a Mark Jones, politólogo norteamericano especializado en política argentina, y fue pronunciada en un reciente seminario virtual de AmCham para explicar la renuencia a desembolsar dólares en el país, donde la norma parece ser la incertidumbre.

El profesor de la liberal texana Universidad Rice tiene un doble mérito para ser invitado a los cónclaves que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, en esa oportunidad, para debatir la cuestión energética: hace casi tres décadas que puso el foco en los avatares políticos locales y de algún modo expresa la visión de potenciales inversores de ese país. Más aún: lo hace con una soltura propia de quien no tiene un interés económico comprometido por sus dichos.

Desde ese papel, Jones explicó que una preocupación de los inversores son las reglas cambiantes. Pero otra, en apariencia más contundente, es la posibilidad de ser presionados ("apretados", sic.) por la administración de turno una vez que hundieron activos. Muchos lo piensan, pocos lo dicen. A esta lógica, añaden su propia interpretación de las figuras políticas vernáculas, no ajena a prejuicios.

Según el politólogo, el núcleo decisorio de la Argentina tiene "tres patas", que se juzgan con distinto grado de simpatía. Sergio Massa sería el más confiable; Alberto Fernández inspira dudas pero con él "se podría invertir". Y Cristina Fernández de Kirchner atemoriza con su presunta estrategia "antiempresa".

El presidente de la Cámara de Diputados probó ductilidad y ambición y, quizás, tiene un discurso complaciente con la tribuna patronal en privado; la vicepresidenta sólo embistió contra núcleos empresarios puntuales, cuando éstos le discutieron el poder; o nacionalizó empresas por necesidad más que por espíritu estatista, incluyendo el deseo de algunos adjudicatarios de irse de lo que consideraron un mal negocio.

En un escenario bien diferente, el actual Presidente escucha e intenta contentar al empresariado como puede y con lo que tiene, que no es demasiado. Sabe que son los que pueden aportar fondos y empleo.

Hay muchas cosas que no son como parecen. En particular en el heterogéneo universo peronista y en la administración oficial, donde ocurren hechos sin anuncios. Ni hablar en épocas de excepción pandémica, cuando el grueso del aumento del gasto público es para atender la emergencia sanitaria.

Ese aporte, imprevisto al comienzo de la gestión y que suma 3,2% del PBI, obligó a Alberto Fernández a administrar la emergencia, a veces contrariando principios de la liturgia partidaria.

El presupuesto inicial del ejercicio 2020 aumentó $ 2744 millones y el 67% se destinó a reforzar las prestaciones sociales. Esta realidad es tan palpable como que los recursos de la Seguridad Social vienen derrapando, básicamente por la pérdida de empleo y la caída del salario real del sector privado. El Estado hizo un esfuerzo importante para ayudar a pagar salarios, pero no pudo evitar la erosión inflacionaria.

Hasta octubre las asignaciones familiares y las transferencias al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (PAMI) tuvieron caídas interanuales de 12,7% y 6,2%, respectivamente.

Para los trabajadores del sector público las cosas tampoco están bien. Al menos en la Nación, hasta octubre los gastos de funcionamiento del Estado cayeron 6,7% y los salarios estatales un 9% real. Para los críticos del aparato público podría no ser suficiente. Pero hay un ajuste en marcha, que no se revertirá necesariamente el año próximo.

El nivel de ejecución del gasto también da otra pauta de qué se está haciendo, más allá de cómo se rotule la acción administrativa. A fin del mes pasado se habían ejecutado más del 80% de los subsidios previstos para la electricidad, recurso para contener las tarifas hasta la llegada de Papá Noel. Pero se había ejecutado sólo el 49% de las inversiones directas, concentradas en transporte y en la provincia de Buenos Aires.

Algo similar a lo que ocurrirá el año próximo, en el que este segmento del gasto público nacional–identificado como Inversión Real Directa—perderá participación relativa a favor de las transferencias a provincias.

Obvio que en época de bonanza fiscal podría ser diferente. Pero la naturaleza política se expresa más genuina justamente en la escasez, cuando hay que elegir de dónde sacar para poner.

Los subsidios seguirán a la orden del día, manteniéndose el año que viene en proporción al PBI, con una importante suba en términos reales aunque, al mismo tiempo, los usuarios de servicios públicos afrontarán ajustes de tarifas. Aquí un primer principio adoptado por el Gobierno que Jones y sus empresas asesoradas parecen no ver con claridad: aunque sea por la falta de caja, ya hay convicción oficial de que los usuarios finales tienen que empezar a pagar lo que las cosas "realmente cuestan". Si no lo hace cada uno como cliente, lo hace cada uno como contribuyente.

Otra idea fuerza del oficialismo es que los bienes energéticos tienen un precio definido por la paridad de importación o exportación. Se considera a qué valor se podría exportar el petróleo o el gas, para definir un precio, anulando otra norma más familiar a la cosmovisión peronista: analizar cuando cuestan producir las cosas y desde ahí definir cómo el Estado genera con un precio base una ecuación "razonable".

Al capital no se lo combate, como reza el himno partidario. Se lo seduce. Aunque a instancias del oficialismo parlamentario se intente imponer a los grandes patrimonios un aporte extraordinario para paliar los gastos de la pandemia ("impuesto a la riqueza). Algo que los empresarios y sus corporaciones intentan neutralizar con la contraoferta de que sea un préstamo imputable al pago de impuestos y no una contribución genuina. Por ahora sin demasiado éxito: hace falta la plata.

Como Mark Jones interpretó en una entrevista concedida a La Nación en el 2013, "el peronismo es un movimiento pragmático".

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