El mini-ajuste del gobierno de Macri

Un dato relevante para evaluar cuán ajustador fue el gobierno del presidente Mauricio Macri es el que surge de la cantidad de empleados de la administración pública nacional que recibió y los que le dejó a su sucesor Alberto Fernández.

Macri heredó de Cristina Kirchner 401.262 empleados y al finalizar su mandato los mismos se redujeron a 350.753, lo cual representa un ajuste del 12,59%. Al respecto, Néstor Kirchner recibió el Estado nacional con 266.165 empleados y en toda la era K el incremento de la burocracia estatal fue de un 50,76%. A este ritmo, Macri y su alianza habrían necesitado cuatro mandatos presidenciales para reducir la cantidad de personal al nivel que Eduardo Duhalde dejó en 2003.

Asimismo, hay que recordar que del segundo gobierno de Carlos Menem (1995-1999) quedaron pendientes las olvidadas reformas estructurales de segunda generación, entre ellas la administrativa del Estado nacional.

Macri inició su gobierno en 2016 con 320.268 empleados en la administración central, 63.438 en los organismos descentralizados y 17556 en las Instituciones de seguridad social. En cada uno de estos ámbitos de la Administración Pública Nacional, Macri deja 292.522, 44.946 y 13.285 empleados, respectivamente.

Es decir que durante los doce años de kirchnerismo (2003-2015) se incrementaron en 135.097 y en cuatro años Cambiemos se los redujo en unos 50.509. Esto demuestra que 84.588 empleados públicos que ingresaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no estaban en condiciones de entonar el “vamos a volver porque en realidad permanecieron en sus cargos.

Por lo tanto, es injusto definirlo a Macri como un ajustador, ya que el recorte de empleados durante su presidencia fue muy modesto. Esto último si se tiene en cuenta el irresponsable incremento de agentes estatales que hubo durante el kirchnerismo.

El gobierno de Macri tampoco hizo de este tema un relato que contribuyera a concientizar a la ciudadanía sobre la injusticia en la designación de empleados públicos por criterios de amiguismo político y la correspondiente carga que representa para la sociedad en su conjunto.

Para cada puesto a cubrir en el sector público, salvo los muy pocos de confianza política, correspondería una convocatoria competitiva. Y no se trata solamente de la idoneidad, sino también de la igualdad ante la ley para que puedan postularse quienes cumplan los requisitos para el puesto sin requerir de un contacto político que los acomode.   

Más allá de las políticas económicas, si en Argentina no se debaten estas cuestiones éticas y estructurales que en las democracias desarrolladas ya fueron superadas hace décadas, entonces la desigualdad entre la militancia y las personas comunes se profundizarán y la administración en lugar de contar con servidores públicos seguirá teniendo mayoritariamente a vividores públicos.

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