El gasto público en la Argentina

El gasto público plantea tres preguntas: cuánto se gasta, en qué se gasta, y quién gasta.

La respuesta a la primera pregunta es que el gasto público consolidado alcanzó en 2016 al 47,9% del producto interno bruto (PIB) y 44,9% si se considera sólo el gasto primario (sin intereses de la deuda). Un hecho notable es el crecimiento de 25,3 puntos desde 2005, casi una duplicación en términos del PIB. Como referencia debe considerarse que entre 1930 y 2005 el gasto público total promedió alrededor del 25% del PIB.

Con respecto a en qué se gasta, en 2016 el 52,9% del gasto primario se asignó a la producción de bienes públicos (infraestructura, defensa, justicia, seguridad, educación, salud, servicios urbanos) que son aquellos que benefician a toda la población. El 47,1% restante se destinó al pago de transferencias (jubilaciones y pensiones, planes sociales y subsidios) que benefician a quien las recibe.

Se debe destacar que el extraordinario crecimiento del gasto público en la última década se concentró en las transferencias: en las décadas del 60, 70, 80 y 90, la provisión de bienes públicos significaba un 70% del gasto público, mientras que las transferencias alcanzaban al restante 30%. Este cambio está lejos de ser la forma más eficiente de mejorar la distribución del ingreso (por más que se publicite) ya que un peso en transferencias se destina a gasto corriente del grupo receptor, en tanto que un peso en bienes públicos beneficia a muchas personas por largo tiempo (escuelas, hospitales, cloacas, agua, caminos, etc.). El crecimiento del gasto y el cambio en la composición explican la problemática fiscal actual.

La tercera pregunta es, en el marco de la estructura federal de nuestro país, quién gasta. En 2016, el 58,6% del gasto lo realizó la Nación y el 41,4% las Provincias y Municipalidades. Las provincias produjeron el 57,3% de los bienes públicos y cuasi-públicos, la Nación el 29,5% y las municipalidades el 13,2%.

La Nación se encargó del 91,4% de las transferencias.

En términos del presupuesto de cada nivel de gobierno, la Nación destina un 73,4% de su presupuesto a transferencias, mientras que las provincias y municipalidades asignan el 90% y 91%, respectivamente, a la provisión de bienes públicos.

En conclusión, no sólo resulta importante documentar el notable incremento de gasto público de la última década, sino también la transformación en la composición.

Se ha pasado de un gasto público mayormente concentrado en la provisión de bienes públicos a otro en el que las transferencias adquieren la mayor importancia. Estos hechos tienen implicancia para la distribución de las responsabilidades de gastos entre niveles de gobierno dado el diferente grado de especialización, y para el impacto sobre el sistema económico en su conjunto.