Las críticas que recibió el anteproyecto de reforma impositiva de parte del sector privado no amenazan ni su debate ni su aprobación legislativa. Es que se trata de cuestionamientos que apuntaron a modificaciones específicas (casi todas centradas en los cambios de Impuestos Internos), ya que nadie se pronunció en contra de la eliminación gradual del impuesto al cheque ni a la reinversión de utilidades, por mencionar dos ejemplos.
Entre los bancos tampoco hubo voces críticas a la iniciativa que comenzará a gravar la renta financiera (por lo menos a nivel público), porque saben que es algo que se hace en el resto del mundo y que la Argentina había decidido quedar al margen. En definitiva, el Palacio de Hacienda sabe que las quejas pueden ser conversadas y eventualmente corregidas, siempre y cuando no se constituyan en una contrarreforma.
El factor más complejo que tendrán que administrar no es técnico, sino político. Porque para que puedan aplicarse en 2018, las principales modificaciones tienen que estar promulgadas antes de fin de año. El Congreso será convocado a trabajar en sesiones extraordinarias, pero la reforma tributaria es parte de un paquete complejo que incluye otras leyes como el Presupuesto 2018, la ley de Responsabilidad Fiscal y la prórroga del Impuesto al Cheque.
Por eso la reunión más relevante de todas las que tiene agendadas el Gobierno, es la prevista con los gobernadores el próximo jueves. Mauricio Macri se llevó a Nueva York al santafesino Miguel Lifschitz y a los diputados opositores Marco Lavagna y Diego Bossio. Entrarán dentro del operativo persuasión, destinado a aceitar los tiempos legislativos.
La Casa Rosada les proveerá recursos por la devolución del 15% de Ganancias que votó la Corte: a cambio quiere que lo inviertan en la baja de Ingresos Brutos y la corrección del Fondo del Conurbano. Si el peronismo y la CGT dudan, es porque no saben si acceder a estos pedidos equivale a firmar su acta de defunción, o si pueden sobrevivir más cerca de Macri y lejos de Cristina.
