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El Gobierno Nacional confirmó que expedirá en las próximas horas los decretos que desarrollan la nueva emergencia económica, con un punto central: la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y generó fuertes críticas.
Según detalló el jefe de la cartera, varias herramientas aplicadas en el pasado hoy no pueden repetirse por decisiones judiciales que mantienen suspendidas algunas disposiciones. “Muchas de las medidas que aplicamos en la primera emergencia eran más convenientes”, afirmó Ávila, al reconocer que el escenario fiscal obliga a tomar decisiones diferentes en esta ocasión.
Cómo funcionará el nuevo tributo y quiénes deberán pagarlo
El decreto establecerá una tarifa general del 0,5% sobre el patrimonio líquido para todas las empresas que superen los 10.400 millones de pesos. En el caso del sector financiero y del minero-energético, la tasa será más alta y alcanzará el 1,6%.
“Hemos establecido el impuesto al patrimonio del 0,5% para todos los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y minero energético del 1,6%”, precisó el ministro.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, más de la mitad del recaudo proyectado provendrá de los sectores que asumirán la sobretasa. Ávila defendió la decisión asegurando que “no vamos a afectar al sector productivo y al sector real” y explicó que los recursos se dirigirán a atender necesidades urgentes derivadas de la emergencia, entre ellas contingencias climáticas en el norte del país.
Plazos cortos y fuertes críticas desde el comercio
El calendario de pago será exigente. El Gobierno fijó dos cuotas: la primera deberá cancelarse en abril y la segunda el 4 de mayo de 2026. “Muchos de estos recursos serán necesarios para hacer intervenciones inmediatas, por eso hemos planteado plazos muy cortos”, sostuvo Ávila, al insistir en la urgencia de obtener liquidez en el corto plazo.
Desde el sector comercio, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó la decisión como precipitada y señaló que imponer la tarifa del 1,6% es “un despropósito”.
También advirtió que aplicar el 0,5% al resto de compañías con altos patrimonios sería “un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo”, y cuestionó el manejo de los recursos públicos al afirmar que “este Gobierno ha demostrado ser un pésimo administrador y por tanto los recursos obtenidos mediante esta vía muy probablemente se despilfarren”.