

El Gobierno Nacional oficializó un incremento salarial del 7% para los empleados públicos, medida que estableció el pago retroactivo desde enero de 2025 y cuya aplicación quedó reflejada en las nóminas correspondientes a noviembre.
Con esta decisión, más de 1,2 millones de servidores públicos, entre ellos docentes, personal administrativo, integrantes de la Fuerza Pública, funcionarios de la rama judicial y trabajadores de entidades del orden nacional, recibieron un aumento en sus remuneraciones, además del reconocimiento de los valores acumulados por el ajuste retroactivo.
El porcentaje aprobado se definió con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en los acuerdos alcanzados durante las negociaciones entre el Gobierno y las principales organizaciones sindicales. Según explicó el Ejecutivo en su momento, el objetivo fue preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales frente al incremento del costo de vida.
¿Cómo impactó el aumento del 7% en el salario de los empleados públicos?
El reajuste benefició a todos los niveles salariales de la administración pública.
De acuerdo con el cargo desempeñado y la antigüedad de cada funcionario, los pagos retroactivos acumulados desde enero superaron en algunos casos los $ 600.000, monto que fue cancelado junto con la nómina de noviembre.
El incremento también incorporó un componente adicional acordado entre el Gobierno y las centrales sindicales para reducir el efecto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores y avanzar en una recuperación gradual del salario real dentro del contexto fiscal del país.
¿El incremento también alcanzó viáticos, primas y bonificaciones?
La norma actualizó de manera proporcional diferentes conceptos salariales, entre ellos los viáticos, las bonificaciones, las primas y los subsidios.
Como consecuencia, los funcionarios que percibían pagos por desplazamientos oficiales, primas técnicas, gastos de representación u otros beneficios económicos también recibieron un ajuste en esos conceptos.

Desde el Ministerio de Hacienda indicaron que la medida representó un importante esfuerzo para las finanzas públicas, aunque consideraron que era necesaria para proteger los ingresos de miles de familias que dependen del empleo estatal.
¿Cómo se definió el aumento salarial?
El porcentaje aprobado fue el resultado de varias semanas de negociación entre representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y las principales centrales sindicales del país.
Durante las mesas de diálogo se analizaron más de 90 solicitudes relacionadas con nivelación salarial, carrera administrativa y mejoras en las condiciones laborales del sector público.
Tras la firma del acuerdo, las organizaciones sindicales valoraron positivamente el incremento, aunque manifestaron la necesidad de continuar las conversaciones para impulsar reformas estructurales en materia de empleo público y avanzar hacia una política salarial más uniforme.
¿Qué quedó definido para el aumento salarial de 2026?
El acuerdo alcanzado también estableció una fórmula para el reajuste correspondiente a 2026, con el propósito de brindar mayor previsibilidad a los trabajadores del Estado.
Según lo pactado, el incremento para ese año quedó fijado en el IPC registrado durante 2025 más un 1,9% adicional, evitando así que el ajuste dependiera de nuevas negociaciones o de decisiones posteriores del Gobierno.
Con esta metodología, el Ejecutivo buscó ofrecer un marco estable para la evolución de los salarios públicos, disminuir la posibilidad de conflictos laborales y fortalecer el poder adquisitivo de los empleados estatales en el mediano plazo.









