El Gobierno de Colombia puso en marcha un conjunto de medidas excepcionales para facilitar el pago de obligaciones fiscales atrasadas en medio de la emergencia económica, social y ecológica vigente en varias regiones del país. La iniciativa busca que contribuyentes con deudas pendientes puedan regularizar su situación mediante condiciones especiales y reducciones significativas. Con la expedición del Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026, las autoridades habilitaron mecanismos temporales para aliviar la carga financiera de personas y empresas que mantienen obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias con la DIAN. Según explicó El Tiempo, estas disposiciones pretenden incentivar el pago voluntario y aumentar el recaudo estatal en un contexto de crisis. De acuerdo con el decreto, los contribuyentes en mora podrán obtener una disminución sustancial de intereses y penalidades si cancelan la totalidad del impuesto o deuda principal. En esos casos, los intereses moratorios se calcularán con una tasa reducida del 4,5% anual y solo se exigirá el pago del 15% del valor original de las sanciones. Esta condición implica que hasta un 85% de las penalidades podría eliminarse, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. El beneficio aplica exclusivamente a obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025 y estará disponible hasta el 30 de abril de 2026. Además, la medida no distingue entre contribuyentes individuales o empresas, por lo que ambos sectores pueden acogerse al alivio si cumplen con los plazos y cancelan el capital adeudado. El decreto también contempla soluciones para quienes no presentaron sus declaraciones tributarias o necesitan corregirlas. En estos casos, será posible radicar la declaración pendiente o ajustar la existente y pagar el impuesto correspondiente bajo condiciones más favorables. En estas situaciones, la sanción también se reduce significativamente, ya que solo se exigirá el pago del 15% del monto habitual. Cuando el proceso se encuentra en primera instancia, la reducción de sanciones e intereses puede alcanzar hasta el 85%, mientras que en segunda instancia el alivio máximo será del 80%. Las solicitudes de conciliación en estos casos podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2026, lo que amplía el margen para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal. Las autoridades señalaron que el objetivo principal es facilitar que los deudores se pongan al día mientras el Estado obtiene recursos para enfrentar los efectos de la emergencia. La estrategia apunta a combinar alivio financiero con aumento del recaudo, evitando procesos judiciales largos y costosos. De este modo, el decreto establece un marco temporal de negociación que busca normalizar la situación tributaria de miles de contribuyentes y mejorar la liquidez pública en un contexto económico complejo.