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En Colombia, el traspaso de un vehículo tras el fallecimiento de su propietario no es automático ni inmediato. La normativa vigente exige cumplir con un proceso legal obligatorio que determine quiénes son los herederos antes de poder realizar cualquier transferencia o venta.
Esta situación suele generar dudas entre las familias, ya que muchos creen que pueden disponer del automotor de forma directa. Sin embargo, la ley establece que primero debe llevarse adelante un trámite formal de sucesión que habilite el cambio de titularidad.
El requisito clave para transferir un vehículo heredado
Según información publicada por El Tiempo, ningún vehículo puede cambiar de propietario tras una muerte sin antes completar el proceso de sucesión. Este trámite puede realizarse ante un juez o mediante notaría, dependiendo de si existe o no testamento.
En este procedimiento se identifican los herederos, se determinan las deudas pendientes del fallecido y se distribuyen los bienes conforme a la ley. Solo una vez finalizado, se emite un documento oficial que permite avanzar con el traspaso.
Sin este respaldo legal, las autoridades de tránsito no están habilitadas para autorizar el cambio de titularidad del automotor.
Qué condiciones deben cumplirse para hacer el trámite
Una vez finalizada la sucesión, los herederos pueden avanzar con el registro del vehículo a su nombre. Para ello, deben presentar la sentencia judicial o la escritura pública que los reconoce como beneficiarios.
Además, el trámite exige cumplir con una serie de requisitos obligatorios antes de ser aprobado:
- Estar inscritos en el sistema correspondiente de tránsito.
- Tener el seguro obligatorio vigente.
- Contar con la revisión técnico-mecánica al día.
- No registrar deudas por multas o impuestos.
En los casos donde existan varios herederos, estos deberán acordar quién quedará como titular del vehículo. Si no hay consenso, la ley permite ordenar la venta del automotor para repartir el dinero obtenido.
Qué pasa si no se hace el traspaso correctamente
No completar este procedimiento puede traer consecuencias legales y económicas. Entre ellas, la acumulación de multas o impuestos a nombre del fallecido, así como la imposibilidad de vender el vehículo.
También puede generar conflictos entre herederos o problemas de responsabilidad en caso de incidentes que involucren al automotor, ya que la titularidad no estará debidamente actualizada.