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En Colombia ocurrió un hecho tan inusual como real: un pueblo llevó a juicio a Dios y salió victorioso. El caso, que hoy vuelve a llamar la atención por su carácter simbólico y jurídico, tuvo como escenario a Concepción, Antioquia, y terminó resolviendo un problema legal que durante décadas mantuvo en riesgo uno de los templos más emblemáticos del municipio.
¿Por qué un pueblo de Colombia demandó a Dios?
La razón no fue religiosa ni ideológica, sino estrictamente legal. La Parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción no figuraba como dueña del terreno donde se levanta su iglesia, a pesar de administrarla y cuidarla desde hacía más de un siglo. Según las escrituras, el predio había sido donado en el siglo XIX directamente a Dios y a las ánimas, una figura que, con el paso del tiempo, se convirtió en un obstáculo jurídico imposible de ignorar.
Sin un propietario humano reconocido, ninguna entidad podía autorizar intervenciones ni destinar recursos públicos para su restauración.
¿Qué tiene de especial Concepción, Antioquia?
Concepción es un municipio del oriente antioqueño con poco más de 5.000 habitantes, calles empedradas y un centro histórico que conserva intacta gran parte de su arquitectura colonial. Su iglesia principal no solo es un punto de encuentro religioso, sino un símbolo cultural y patrimonial para la comunidad.
En 1999, el Estado colombiano declaró el centro histórico como Bien de Interés Cultural de la Nación, lo que elevó las exigencias legales para cualquier reparación o modificación del templo.
¿Cuál fue el origen del conflicto legal con la iglesia?
El problema se remonta a 1860, cuando Colombia aún se llamaba la Nueva Granada. En ese momento, una hacendada local, movida por la fe, donó un extenso lote a Dios y a la cofradía de las ánimas. La escritura quedó registrada de manera formal y durante décadas nadie cuestionó su validez.
El inconveniente apareció más de 140 años después, cuando el deterioro estructural del templo exigía obras urgentes y el Estado se negó a intervenir por no existir un dueño legal reconocible.
¿Por qué el Estado no podía reparar el templo?
Cuando el párroco de entonces, Humberto Hincapié, acudió a Bogotá en busca de apoyo económico, recibió una respuesta contundente: el Ministerio de Cultura no podía invertir recursos públicos en un predio cuyo propietario no estuviera legalmente identificado.
Ni la diócesis ni la Nación tenían competencia para actuar mientras las escrituras siguieran señalando como dueños a entidades divinas sin representación jurídica directa.
¿Cómo se planteó la demanda contra Dios?
La solución llegó de la mano de un abogado oriundo del municipio, Ramón Alcides Valencia, quien propuso acudir a la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Este mecanismo permite que quien ha poseído un bien durante un tiempo prolongado, de forma pública y continua, pueda convertirse en su propietario legal.
El detalle insólito fue que, para iniciar el proceso, había que demandar a quienes figuraban como dueños: Dios y las ánimas.
¿Qué pasó durante el juicio “celestial”?
La demanda se presentó en 2011 ante un juzgado civil del oriente antioqueño. Como lo exige la ley, el juez ordenó notificar públicamente a los demandados para que comparecieran a defender sus derechos.
Tal como quedó registrado en el expediente, “por parte de Nuestro Amo y de las ánimas, nadie acudió”. Ante la ausencia de respuesta, el juzgado designó un curador ad litem, un abogado encargado de representar formalmente a los demandados ausentes.
¿Cuál fue el fallo y qué cambió para el municipio?
Tras más de un año de trámite, el juzgado falló a favor de la parroquia y la reconoció como propietaria legal del templo. La decisión desbloqueó de inmediato la posibilidad de recibir recursos estatales para su restauración.
Gracias al fallo, se repararon techos, muros y estructuras que amenazaban con colapsar, preservando un bien cultural que hoy sigue siendo el corazón del municipio.
