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La posible detención de Alex Saab, señalado como el principal operador financiero de Nicolás Maduro, generó un inmediato impacto regional. De acuerdo con reportes citados por medios colombianos, el empresario estaría bajo custodia de organismos de seguridad del Estado venezolano, tras un procedimiento realizado dentro del propio territorio nacional.
Las versiones conocidas indican que la medida fue ejecutada por el servicio de inteligencia local, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial del Gobierno. La falta de confirmación pública alimenta la tensión política en Venezuela, en un contexto marcado por disputas internas y presiones externas.
Un operativo rodeado de hermetismo
Según fuentes estadounidenses citadas por la prensa, la aprehensión de Saab se habría producido con fines de una eventual extradición a Estados Unidos, donde enfrenta procesos judiciales por lavado de dinero y asociación ilícita vinculados a contratos estatales.
La información fue divulgada inicialmente por Caracol Radio, que señaló que el empresario permanece en manos de los servicios de inteligencia venezolanos. Sin embargo, no se ha precisado el lugar exacto de reclusión ni el marco legal bajo el cual se ejecutó la medida.
El contexto político y judicial del caso
El episodio ocurre pocos días después de que Saab fuera removido del gabinete, donde se desempeñaba como ministro de Industrias. La decisión habría sido adoptada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en un movimiento que ya había despertado especulaciones dentro y fuera del país.
Hasta ahora, ni el Ministerio Público ni otras instituciones del Estado han confirmado oficialmente la detención. Fuentes citadas por medios regionales aseguran que la acción no respondió, al menos de forma visible, a una orden judicial internacional vigente.
Un antecedente que vuelve a escena
El nombre de Saab no es nuevo en los tribunales internacionales. En 2020 fue detenido en Cabo Verde tras una orden de captura emitida por Washington, acusado de blanquear más de 350 millones de dólares provenientes de contratos con el Estado venezolano.
Luego de enfrentar cargos en una corte federal de Miami, fue liberado en 2023 como parte de un intercambio diplomático entre Caracas y Washington. Su posible nueva captura reabre un capítulo clave en la relación entre Venezuela y Estados Unidos.