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El presidente Gustavo Petro confirmó que siete peajes serán eliminados en el corredor vial que une Cartagena y Barranquilla, una de las rutas más transitadas del Caribe colombiano. La decisión forma parte de un acuerdo para terminar de manera anticipada la concesión de esta vía y transferir su administración al Estado.
La eliminación de estos puntos de cobro responde a reclamos persistentes de comunidades, transportadores y usuarios que consideraban que los peajes encarecían la movilidad y afectaban la economía local. Según el Gobierno nacional, la medida también sienta un precedente para aplicar políticas similares en otras regiones del país.
Cierre de peajes en el Caribe, un giro en la política vial
El cierre de los siete peajes se da luego de la terminación anticipada del contrato de concesión de la denominada Ruta Caribe, que conectaba Cartagena con Barranquilla y varios municipios en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Las estaciones de cobro que dejarán de funcionar están ubicadas en puntos como Pasacaballos, Turbaco, Gambote, Arroyo de Piedra, Sabanagrande, Galapa y Bayunca. Esta red vial estratégica había sido objeto de críticas recurrentes por su impacto en los costos de transporte de mercancías y personas.
El proceso de reversión comenzó el 2 de enero de 2026 y se extenderá hasta mediados del año, durante el cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumirá progresivamente la operación, el mantenimiento y la administración de la infraestructura.
¿Por qué se decide eliminar estos peajes?
La eliminación de los peajes busca reducir los costos de movilidad para los usuarios frecuentes y dinamizar la economía regional, según lo explicado por las autoridades. El Gobierno nacional consideró que el modelo de concesión había generado barreras económicas y que su continuidad beneficiaba más a operadores privados que al interés general.
Durante años, gremios de transportadores, comerciantes y comunidades locales habían expresado su descontento con el esquema de cobro, alegando que afectaba la competitividad regional e incrementaba los costos de transporte de alimentos y bienes.
La decisión también se alinea con una política más amplia anunciada por el presidente Petro para que, cuando las concesiones viales lleguen a su término, no se renueven con operadores privados, sino que pasen a ser administradas directamente por el Gobierno nacional.
Impacto local y proyecciones en otras regiones
El cierre de los peajes en el Caribe ha generado expectativas entre las comunidades de otras regiones por cambios similares. En particular, el Gobierno anunció que evaluará medidas parecidas en el Eje Cafetero, donde se encuentran peajes gestionados por la concesión Autopistas del Café, cuya vigencia contractual se extiende hasta 2027.
La posibilidad de aplicar este esquema abre el debate sobre cómo se gestionarán otros corredores viales en el país. Sectores productivos, transportadores y ciudadanos han planteado tanto apoyo como inquietudes sobre la sostenibilidad de las rutas sin peajes, especialmente en zonas donde las concesiones han financiado inversiones en infraestructura.
Analistas y actores políticos han señalado que los esquemas de concesión permitieron el desarrollo de importantes obras viales en Colombia durante las últimas décadas, aunque también reconocen que el modelo plantea retos en términos de equidad y eficiencia económica.
