La inscripción del nacimiento constituye uno de los primeros pasos legales tras la llegada de un hijo, siendo un trámite esencial para asegurar derechos básicos como la identidad, la salud y la educación. En Colombia, este proceso se lleva a cabo ante la Registraduría, lo que permite establecer oficialmente el vínculo entre el menor y sus progenitores. Durante años, el registro civil de nacimiento estuvo rodeado de dudas respecto a los documentos requeridos, especialmente en lo que concierne al estado civil de los padres. En la práctica, existía la creencia generalizada de que era necesario demostrar el matrimonio o una unión formal para poder inscribir a un hijo. No obstante, el procedimiento actual tiene como objetivo simplificar el acceso al registro civil y eliminar las barreras administrativas que pudieran demorar la inscripción de los recién nacidos, priorizando así la protección del derecho a la identidad desde los primeros días de vida. En Colombia, la inscripción del nacimiento de un recién nacido no exige presentar el certificado de matrimonio ni una prueba formal de unión entre los padres. El trámite ante la Registraduría se lleva a cabo con base en la declaración del solicitante y en el principio constitucional de la buena fe, sin que sea necesario acreditar documentalmente el vínculo de la pareja. Esto implica que, al momento de registrar a un hijo, es suficiente que quien realiza la inscripción declare que los padres están casados o que existe una unión marital de hecho. No se requiere legalmente adjuntar el registro civil de matrimonio ni otro documento que evidencie la relación. El mismo procedimiento se aplica en el caso de hijos concebidos durante una unión marital de hecho previamente declarada, conforme a la normativa vigente, lo que evita demoras y facilita la expedición del registro civil de nacimiento. Durante el proceso de inscripción, el funcionario registral debe asignar los apellidos utilizando el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre. El orden no está predeterminado y debe ser definido por decisión conjunta de los padres, tras ser consultados en el momento del trámite. La normativa permite que los progenitores elijan libremente el orden de los apellidos del menor, sin que exista una regla automática que priorice uno sobre otro. En caso de que el declarante indique que existe desacuerdo entre los progenitores respecto al orden de los apellidos, el procedimiento se resolverá a través de un sorteo a cargo del funcionario registral. Para llevar a cabo este proceso, se anotan los primeros apellidos de cada progenitor en papeles individuales, los cuales se colocan en un sobre para extraer uno al azar. El apellido elegido se inscribirá en primer lugar, mientras que el otro se registrará como segundo apellido del infante. Este mecanismo tiene como objetivo asegurar la igualdad entre los padres y prevenir que la falta de consenso retrase un trámite fundamental para el acceso a derechos como la identidad, la salud y la educación. Cuando el menor forma parte de una comunidad o pueblo indígena, el orden de los apellidos debe adherirse a las costumbres propias de dicha comunidad. En tales circunstancias, el funcionario encargado del registro debe aplicar los usos y tradiciones reconocidos, siempre dentro del marco legal establecido. De este modo, el registro civil de nacimiento se considera un trámite esencial, sin imponer requisitos adicionales vinculados al estado civil de los progenitores y priorizando el derecho a la identidad desde los primeros días de vida.