La Procuraduría General presentó su posición frente al decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno nacional para enfrentar los efectos de la ola invernal que golpeó a distintos departamentos de Colombia durante los primeros meses de 2026. El organismo consideró que la declaratoria sí cumple varios requisitos constitucionales debido a la magnitud de la crisis climática y social. El documento, firmado por el procurador Gregorio Eljach, señala que las lluvias extremas y las inundaciones provocaron afectaciones severas en al menos 101 municipios de departamentos como Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según el concepto, cerca de 160 mil personas resultaron impactadas por la emergencia, además de registrarse daños en infraestructura, cultivos y servicios públicos esenciales. Dentro del análisis enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público sostuvo que las condiciones climáticas extraordinarias justificaban la adopción de medidas excepcionales por parte del Ejecutivo. En el texto se afirma que “los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico”. La Procuraduría también advirtió que la magnitud de las afectaciones obligaba al Estado a actuar con rapidez para atender las consecuencias de la emergencia. Entre los puntos destacados aparecen las pérdidas agrícolas, el deterioro de vías y la interrupción de servicios básicos en varias zonas vulnerables del país. Pese al respaldo general al decreto, el organismo planteó dos reparos frente a algunos apartados incluidos por el Gobierno nacional. La Procuraduría cuestionó específicamente la relación entre la emergencia climática y temas vinculados al acceso a la tierra y la ocupación ilegal de baldíos. En el concepto se advierte que el Ejecutivo no logró demostrar que esos problemas históricos necesitaran medidas inmediatas dentro de la crisis provocada por las lluvias. Además, el Ministerio Público sostuvo que el Gobierno tampoco identificó los predios ocupados irregularmente que habrían influido directamente en el desastre natural. Por ello, calificó parte de las afirmaciones contenidas en el decreto como una interpretación “discrecional, arbitraria y caprichosa”. Ahora, el análisis quedará en manos de la Corte Constitucional, donde el magistrado Miguel Polo Rosero liderará una discusión que podría extenderse durante varias sesiones.