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La Contraloría General de la República reiteró su llamado de atención a la Superintendencia Nacional de Salud ante el deterioro progresivo del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, una situación que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la garantía del derecho fundamental a la salud.
Tras analizar las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado (ESE), el ente de control concluyó que los riesgos advertidos hace dos años no solo persisten, sino que se han intensificado, agravando la crisis financiera de los hospitales públicos.
El informe advierte que el crecimiento acelerado de la cartera hospitalaria, los pagos tardíos o incompletos y el deterioro del flujo de caja afectan la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud, comprometiendo el funcionamiento de toda la red pública a nivel nacional.
Aumento de la deuda de las EPS y caída en los pagos a hospitales públicos
La Contraloría señaló que persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluidas aquellas que se encuentran intervenidas, por servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta situación ha generado una brecha creciente entre lo facturado y lo efectivamente pagado a los hospitales públicos.
De acuerdo con cifras de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42% entre 2024 y 2025, al pasar de $4,5 billones a $6,4 billones. Esta diferencia ha impactado directamente la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de las ESE.
Menor recaudo y mayor presión sobre la red hospitalaria pública
El informe evidenció un deterioro sostenido en la oportunidad de pago. En 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, lo que representó un cumplimiento del 84%. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2025, el cumplimiento cayó al 77%, con pagos por $12,6 billones frente a una facturación de $16,3 billones.
La reducción de los pagos afectó a todos los niveles de complejidad. En el nivel I, el recaudo bajó del 85% al 81%; en el nivel II, del 80% al 74%, siendo el más afectado; y en el nivel III, del 87% al 76%, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de hospitales de alta complejidad y alto costo.
Giro directo, concentración de recursos y advertencia de daño fiscal
Aunque el giro directo de la ADRES aumentó en promedio mensual un 27,2% entre 2024 y 2025, este incremento no se tradujo en una reducción de la cartera hospitalaria. Por el contrario, la deuda total de la red pública pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representó un aumento del 30% en solo nueve meses.
La Contraloría también advirtió una alta concentración del giro directo hacia prestadores privados, que recibieron el 67,7% de los recursos en 2025, mientras que los hospitales públicos accedieron solo al 23,2%. Desde el control fiscal, el ente alertó que las demoras en los giros podrían derivar en desfinanciamiento institucional, mayores presiones fiscales futuras y un posible daño patrimonial, conforme al artículo 6 de la Ley 610 de 2000.