En Colombia, miles de trabajadores del servicio doméstico y de la vigilancia privada cuentan con derechos laborales específicos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Entre ellos, existe un beneficio que toma relevancia cada cuatro meses y que debe ser entregado de forma obligatoria por empleadores y empresas. Se trata de la dotación laboral, un suministro de calzado y vestido de trabajo que no constituye un pago adicional en dinero, sino una prestación social regulada por la ley. Este beneficio aplica para quienes cumplen ciertas condiciones salariales y de antigüedad, y su entrega está programada en fechas fijas durante el año. En abril de 2026, este derecho vuelve a ser exigible, lo que impacta directamente a empleadas domésticas, vigilantes y otros trabajadores formales que cumplan los requisitos establecidos por la normativa laboral vigente en el país. La dotación laboral está regulada por el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 1978 de 1989, que establece la obligación de los empleadores de entregar un par de zapatos y un vestido de labor cada cuatro meses. Este beneficio aplica para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes. Para 2026, con un salario mínimo de 1.750.905 pesos colombianos, el acceso a este beneficio se mantiene para quienes no superen el tope salarial establecido. Además, se exige una antigüedad mínima de tres meses en la empresa o en la prestación del servicio para acceder a la dotación. El beneficio no puede ser sustituido por dinero en efectivo, ya que la ley exige que sea entregado en especie o mediante bonos destinados exclusivamente a la compra de ropa de trabajo. La normativa laboral establece tres fechas obligatorias para la entrega de la dotación en Colombia: el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre de cada año. Estas fechas aplican de manera general para empresas y empleadores que deben cumplir con esta prestación. En el caso de empleadas domésticas y vigilantes, el cumplimiento de estas fechas es clave, ya que el incumplimiento puede generar sanciones para los empleadores. La dotación entregada pasa a ser propiedad del trabajador, por lo que no debe ser devuelta al finalizar la relación laboral, excepto en el caso del sector de vigilancia privada. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, en el caso específico de las empresas de seguridad, sí se contempla la devolución del uniforme, lo que marca una diferencia importante frente a otros sectores laborales. Aunque la dotación es un derecho general, su aplicación varía según el tipo de empleo. En el servicio doméstico, el beneficio queda en propiedad del trabajador, mientras que en la vigilancia privada existe la obligación de devolución del uniforme al terminar el contrato. Otro aspecto relevante es que la dotación no puede ser reemplazada por dinero, lo que obliga a los empleadores a cumplir con la entrega física o mediante bonos destinados exclusivamente a ropa laboral. Este punto busca garantizar que el beneficio cumpla su función original de protección y adecuación del trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar conflictos laborales y sanciones, por lo que las autoridades laborales recomiendan a los trabajadores conocer sus derechos y exigir su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por la ley.