

El Gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo programa que ofrece una Tarjeta Dorada: una ruta acelerada hacia la residencia permanente para extranjeros que paguen USD 1 millón. El anuncio, firmado en la Casa Blanca, establece cuotas y modalidades diferenciadas para individuos y empresas, y plantea un cambio significativo frente a los marcos migratorios vigentes.
La propuesta exige un proceso administrativo con pago de tasas y verificación de antecedentes antes de la transferencia del monto principal. Una vez cumplidos los requisitos, el solicitante podrá acceder a un estatus similar al de la Green Card, con permiso para residir y trabajar en todo el territorio estadounidense.
Cómo funcionará el programa y sus modalidades
Para optar por la Tarjeta Dorada, la persona debe pagar una tarifa de trámite al Departamento de Seguridad Nacional y superar controles de elegibilidad; después, efectuar la contribución económica para completar la autorización. Existen versiones empresariales que elevan el aporte por empleado y una categoría premium con beneficios adicionales.

La modalidad para empresas permite patrocinar trabajadores por montos superiores, con la posibilidad de transferir ese privilegio a otros empleados. Además, una versión Platinum ofrecería ventajas fiscales y estancias prolongadas, según el esquema oficial.
Diferencias clave con el sistema de inversionistas anterior
A diferencia del programa EB-5, que pedía inversiones productivas y creación de empleos, la Tarjeta Dorada se basa en un pago directo al fisco y prescinde del requisito de generar puestos laborales. Para sus promotores, ese diseño simplifica trámites y acelera la atracción de capital.
Críticos advierten, sin embargo, que la eliminación del condicionante laboral desvincula el acceso migratorio de beneficios concretos para la economía local, y plantea debates éticos sobre la mercantilización de la residencia.
Qué implica para solicitantes y para la política migratoria
Los solicitantes deberán afrontar un coste elevado y someterse a controles estrictos, pero obtendrán derechos de permanencia y trabajo de amplio alcance.
El programa podría generar flujos de capital y talento, pero también alimentar tensiones sobre equidad y prioridades públicas.











