Desde el 1 de enero, existe en Estados Unidos un marco legal que autoriza a las autoridades estatales a aplicar medidas estrictas contra determinados vehículos utilizados como vivienda, lo que podría provocar desalojos masivos de familias que dependen de esos espacios para vivir. La medida despertó críticas de organizaciones comunitarias y representantes locales, quienes advierten sobre el impacto desproporcionado que tendrá en la población hispana de California. La ley estatal de California AB 630, vigente desde el 1 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2030, permite a las autoridades locales retirar y destruir casas rodantes (RV) abandonadas o inoperables con un valor inferior a 4,000 dólares, elevando el límite anterior de 500 dólares. La normativa no representa un riesgo por retirar vehículos realmente abandonados, sino por el contexto en el que se aplica. En California, miles de personas viven en casas rodantes como última alternativa ante el alto costo de la vivienda. Muchas de esas RV pueden ser consideradas “inoperables” por fallas mecánicas, falta de registro actualizado o por permanecer estacionadas durante largos períodos, aunque en la práctica funcionen como hogar. Al elevar el límite de valor a 4.000 dólares, la norma amplía el número de unidades que pueden ser destruidas, y si esa remoción no va acompañada de soluciones habitacionales reales, el efecto puede ser el desplazamiento de personas vulnerables y un aumento de la población sin hogar. Las comunidades latinas de California figuran entre las más afectadas por esta normativa debido a una combinación de factores económicos y sociales. En muchas ciudades del estado —como Los Ángeles, San Diego o San José— el costo del alquiler alcanzó niveles que resultan inaccesibles para miles de familias trabajadoras, especialmente aquellas con empleos informales o ingresos variables. Ante la falta de opciones de vivienda asequible, numerosas familias inmigrantes recurrieron a las casas rodantes como una solución práctica y relativamente económica. Estos vehículos no solo funcionan como vivienda, sino también como herramienta de supervivencia: permiten mantenerse cerca del trabajo, evitar contratos de alquiler imposibles de cumplir y conservar cierta autonomía. Sin embargo, la normativa en cuestión endurece las condiciones para estacionar o habitar estos vehículos, imponiendo multas, restricciones de permanencia o incluso la remoción forzada. Concejales y activistas comunitarios sostienen que la ley no aborda la raíz del problema —la escasez de vivienda accesible y los altos costos de renta— sino que sanciona a quienes ya se encuentran en situación vulnerable.