El gobierno brasileño mantendrá por ahora en carpeta los planes de abrir un contencioso en la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la Unión Europea (UE), por las restricciones a la importación de carne bovina proveniente de Brasil, impuestas en 2007.

El secretario sustituto de Defensa Agropecuaria del ministerio de Agricultura, Enio Marques Pereira, dijo que la propuesta brasileña a las autoridades sanitarias europeas en Bruselas, el 22 de noviembre, fue aceptada y que el acuerdo va para adelante. Con los nuevos rumbos de la negociación, la idea de ir a la OMC quedó de lado.

El gobierno brasileño había decidido cuestionar en la organización internacional la obligatoriedad de registro individual de cada hacienda autorizada a proveer ganado bovino para la matanza y venta de carne al bloque europeo, que entró en vigor en 2007.

La apertura del proceso dependía, sin embargo, de la decisión del sector privado de pagar los costos de la acción en la OMC, calculados en u$s 1,5 millones. En noviembre, la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec) decidió bancar la disputa.

Pero en el encuentro del 22 pasado, se presentó del lado brasileño una propuesta para intentar resolver el impase más rápidamente y con menor desgaste.

Hasta entonces defensor de la apertura de un contencioso, el sector privado vislumbró en el acuerdo la posibilidad de ganancias inmediatas sin la larga espera de un proceso en la OMC. El gobierno defiende que la Directiva 61, que definió las restricciones a la carne brasileña, es injusta. Es una medida discriminatoria sin base científica y por eso se está reformulando, dijo Marques Pereira.

Durante las conversaciones en el encuentro en Bruselas, el lado brasileño comenzó a proponer la revisión de la Directiva 61, en lugar de su suspensión, siempre y cuando incluyera algunos cambios, según pudo saber Valor. El primero, de acuerdo con la propuesta de Brasil, sería que las autoridades del país gestionaran directamente la lista de haciendas autorizadas a exportar.

Además, la lista se publicaría en la página del gobierno brasileño y los informes de auditoría no se transmitirían más para la Comisión Europea. Pedimos y nos dieron la gestión de las haciendas y certificación de las propiedades, informó el secretario sustituto.

Después del encuentro de noviembre, la Comisión de Salud del Consumidor de la UE (DG Sanco, en la sigla en inglés) autorizó el acuerdo de Bruselas. La directora general de DG Sanco, Paola Testori, aceptó la propuesta brasileña. Pero poco tiempo después del encuentro en Bruselas, avisó que, en caso de que se encontraran fallas durante la visita de los auditores europeos, en marzo de 2012, la situación podría reverse.