La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ratificó que ya no será necesario ser ciudadano por nacimiento para conseguir un trabajo particular dentro del sector público. El fallo elimina una restricción que durante años limitó el acceso a un cargo clave del control del gasto estatal y puede ser relevante también para mexicanos que viven en Estados Unidos, incluidos quienes tienen doble nacionalidad o adquirieron la ciudadanía por naturalización. La decisión invalida una regla que exigía ser mexicano por nacimiento para encabezar la Auditoría Superior de Durango. Para miles de ciudadanos mexicanos que residen en el exterior —incluidos migrantes en EE.UU.— el cambio confirma que la Constitución mexicana no permite imponer ciertos requisitos de nacionalidad si no están expresamente previstos en el marco federal. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso del estado de Durango excedió sus facultades al exigir que la persona titular de la Auditoría Superior fuera mexicana por nacimiento y no tuviera otra nacionalidad. Según el tribunal, esa condición generaba una distinción injustificada que restringía el acceso a un empleo público. La resolución invalidó parte del artículo 97, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Durango. La Corte recordó que únicamente la Constitución o las leyes federales pueden reservar determinados cargos para mexicanos por nacimiento. Con la eliminación del requisito, el puesto queda abierto a más ciudadanos mexicanos, incluidos quienes viven fuera del país. Esto abarca tanto a mexicanos naturalizados como a personas con doble nacionalidad, una situación frecuente entre quienes residen en Estados Unidos. Para aspirar al cargo, la ley ahora exige únicamente cumplir con las condiciones generales previstas, entre ellas: La Suprema Corte también ordenó notificar al Congreso del estado de Durango para que adapte su legislación. Con este criterio, el tribunal refuerza una línea jurídica constante: los estados no pueden limitar el acceso a empleos públicos si la Constitución no autoriza esa restricción.