El Senado de Estados Unidos aprobó una amplia ley de vivienda asequible con 89 votos a favor y solo 10 en contra, un nivel de acuerdo bipartidista poco frecuente en el Congreso. La legislación reduce regulaciones, restringe a inversores corporativos y amplía el uso de fondos federales para construir casas y departamentos baratos. El proyecto regresa ahora a la Cámara de Representantes, que ya había aprobado una versión similar a comienzos de año. El camino hacia la promulgación, sin embargo, está lleno de obstáculos. Donald Trump respaldó la iniciativa durante las negociaciones, pero luego declaró que no firmará ninguna ley hasta que el Congreso apruebe una norma que exija prueba de ciudadanía para votar y elimine el voto por correo. A eso se suma que los líderes de la Cámara Baja anticiparon que podrían lanzar una conferencia bicameral para negociar un texto definitivo, un proceso que puede demorar meses. La legislación simplifica requisitos regulatorios vinculados a inspecciones ambientales que hoy encarecen los proyectos de construcción. También permite que los bancos inviertan más en vivienda asequible y elimina el tope de unidades públicas que pueden recibir financiamiento privado a través del programa federal Sección 8. Entre las medidas más concretas se destacan tres cambios: La ley prohíbe a los inversores institucionales —definidos como aquellos que poseen 350 o más casas unifamiliares— comprar nuevas propiedades de ese tipo. La medida era una prioridad de la administración Trump y fue incluida en el texto final tras las negociaciones en el Congreso. El mecanismo tiene condiciones clave que conviene conocer: El mercado inmobiliario lleva años en crisis: las ventas de viviendas usadas cayeron en 2024 a su nivel más bajo en tres décadas, y el alquiler promedio sigue siendo más del 15% más caro que en 2020. La nueva ley busca aliviar esa presión, aunque su impacto final depende de si efectivamente llega a promulgarse.