En Texas, el marco legal que regula los contratos de arrendamiento no contempla un sistema de control estatal sobre el valor del alquiler ni límites generales a los aumentos de renta. La normativa vigente establece derechos básicos para los inquilinos, pero también otorga amplias facultades a los propietarios para fijar precios y recuperar la posesión del inmueble ante incumplimientos contractuales. El esquema está regulado principalmente por el Texas Property Code, en especial en su Título 8, que aborda la relación entre propietario e inquilino. Allí se detallan los procedimientos de desalojo y las obligaciones de ambas partes, sin establecer topes generales al valor del alquiler en todo el estado. El Código de Propiedad de Texas establece que, ante el incumplimiento del contrato el propietario puede iniciar un proceso de desalojo mediante la entrega de un aviso escrito previo. En la mayoría de los casos, el plazo mínimo es de tres días, salvo que el contrato disponga otro término. Si el inquilino no abandona la propiedad tras el aviso, el propietario puede presentar una demanda de desalojo ante el tribunal correspondiente. El proceso judicial es ágil y, si el juez determina que existió incumplimiento, puede emitir una orden de posesión a favor del propietario. La ley prohíbe expresamente los desalojos por cuenta propia, como cambiar cerraduras sin orden judicial. Sin embargo, no exige causas extraordinarias más allá del incumplimiento contractual, lo que en la práctica facilita que el propietario recupere su inmueble dentro de un procedimiento relativamente rápido. El Texas Property Code no fija porcentajes máximos ni topes anuales para aumentar el alquiler. En contratos mes a mes, el propietario puede modificar la renta con el aviso correspondiente. La única restricción relevante es la prohibición de represalias, es decir, no se puede aumentar la renta como castigo por el ejercicio legítimo de derechos del inquilino. Fuera de ese supuesto, no existe control estatal general sobre el valor del alquiler.