Fuente: Archivo
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La administración de Donald Trump dio un paso inédito en su ofensiva contra el presunto fraude en Medicaid al ordenar la retención de más de USD 250 millones en fondos federales destinados a Minnesota. La decisión, anunciada por el vicepresidente J. D. Vance, marca el inicio de lo que la Casa Blanca anticipa como una revisión más amplia en otros estados.
El argumento oficial: irregularidades graves en el uso del programa de salud pública que, según Washington, requieren medidas inmediatas antes de seguir enviando recursos.
La acusación: “fraude generalizado” y presión directa al gobernador
Desde el Ejecutivo federal sostienen que el dinero permanecerá retenido hasta que el estado presente un plan convincente para frenar el supuesto uso indebido de fondos de Medicaid.
Vance apuntó directamente al gobernador Tim Walz, a quien responsabilizó por la supervisión del sistema. La advertencia incluye un plazo de 60 días para responder con medidas correctivas.
En paralelo, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, explicó que el gobierno federal exigirá mayores controles para verificar que:
- Los proveedores sean legítimos
- Los pacientes cumplan los requisitos del programa
- Las facturas médicas sean revisadas antes del pago
La estrategia incluye un congelamiento nacional temporal para nuevas empresas que buscan cobrar por equipos médicos duraderos bajo Medicare, mientras se investigan posibles esquemas irregulares.
Impacto inmediato en el sistema de salud de Minnesota: a quiénes afecta
El bloqueo de fondos representa un golpe directo al presupuesto sanitario del estado. Medicaid en Minnesota cubre a cientos de miles de residentes de bajos ingresos, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad y familias trabajadoras.
Expertos advierten que una pausa prolongada podría afectar:
- Pagos a hospitales y clínicas
- Programas comunitarios de salud
- Servicios para pacientes vulnerables
Aunque desde Washington aseguran tener autoridad legal para retener los recursos, la medida podría derivar en una batalla judicial sobre los límites del poder federal para suspender fondos ya asignados por ley.
Un nuevo frente en la agenda de control federal
El anuncio llega en medio de un discurso más amplio sobre fraude en programas públicos y control del gasto federal. La administración adelantó que Minnesota sería solo el primer caso dentro de una revisión más extensa.
Para el gobierno federal, la revisión previa al pago será clave en esta nueva etapa. Para el liderazgo estatal, en cambio, la medida abre un conflicto institucional con consecuencias políticas y financieras.