El sistema de salud de Estados Unidos atraviesa un momento de tensión tras una serie de medidas federales que podrían afectar la cobertura médica de millones de personas. Entre recortes, controles y cambios administrativos, el futuro de Medicaid, Obamacare y Medicare en distintos lugares del país provoca preocupación. Organizaciones sanitarias y expertos advierten que esto podría dificultar el acceso a tratamientos, seguros y atención médica. Una nueva advertencia encendió las alarmas en Estados Unidos luego de que organizaciones de salud y derechos civiles aseguraran que millones de latinos podrían perder su cobertura médica durante los próximos años por los recortes a Medicaid y al Affordable Care Act (ACA), conocido popularmente como Obamacare. Según un informe de UnidosUS, más de 4 millones de latinos quedarían sin seguro médico en la próxima década como consecuencia de los cambios impulsados sobre ambos programas federales. La situación afectaría especialmente a estados con grandes comunidades hispanas, como Florida, Texas, California y Arizona. El problema se agravó tras la eliminación de subsidios reforzados del ACA y el endurecimiento de ciertos requisitos de acceso a Medicaid. Analistas del sector sanitario advirtieron que ya comenzaron a registrarse caídas importantes en las inscripciones a planes médicos y que millones de personas podrían quedar directamente fuera del sistema de cobertura. En paralelo a los posibles recortes de cobertura, el gobierno estadounidense anunció la suspensión temporal de nuevas inscripciones a Medicare para proveedores de cuidados paliativos y atención médica domiciliaria. La medida fue presentada como parte de un operativo nacional para combatir el fraude dentro del sistema sanitario federal. La decisión afecta principalmente a nuevos centros de hospice y home healthcare que buscan ingresar al programa Medicare para recibir fondos y reembolsos federales. Según explicaron las autoridades, durante los últimos años crecieron las sospechas sobre empresas que utilizaban estructuras fraudulentas para obtener dinero del sistema público de salud. Aunque los proveedores ya registrados podrán seguir funcionando normalmente, distintas organizaciones médicas advirtieron que la suspensión podría generar menos oferta de servicios en determinadas zonas del país. El mayor temor está puesto en adultos mayores, pacientes terminales y comunidades con acceso limitado a infraestructura sanitaria.