En esta noticia
El Departamento del Tesoro evalúa implementar una medida que obligaría a las entidades financieras a solicitar prueba de ciudadanía a sus clientes para acceder a servicios bancarios. La iniciativa aún no fue oficializada, pero ya se encuentra en etapa avanzada de análisis.
Según confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la propuesta busca que los bancos recopilen información más precisa sobre quiénes forman parte del sistema financiero.
De avanzar, implicaría un cambio profundo: actualmente, las instituciones solo deben verificar la identidad de los usuarios, pero no están obligadas a comprobar su estatus migratorio o ciudadanía.
Qué cambiaría para los clientes y qué documentos podrían pedir
La posible normativa incluiría nuevos requisitos de identificación, con documentos más estrictos que los actuales. Entre las opciones que se analizan, aparece la exigencia de pasaportes u otros comprobantes oficiales de ciudadanía, lo que dejaría fuera a quienes no puedan acreditarla.
Este punto es clave ya que en Estados Unidos, muchas personas —incluidos inmigrantes— acceden al sistema bancario con identificaciones alternativas o números fiscales, sin necesidad de demostrar su estatus legal.
Con el nuevo esquema, el proceso cambiaría tanto para abrir cuentas como para mantenerlas activas, lo que podría obligar a millones a revisar su situación financiera.
Una propuesta de alto impacto para inmigrantes
La medida se enmarca dentro de una política más amplia de endurecimiento migratorio. De aplicarse, afectaría principalmente a inmigrantes indocumentados, pero también podría alcanzar a residentes legales o personas con visas, dependiendo de cómo se reglamente.
Especialistas advierten que esto podría generar un efecto inmediato: más personas operando fuera del sistema bancario, con mayor uso de efectivo y menor acceso a servicios financieros básicos.
Al mismo tiempo, el proyecto ya abrió un fuerte debate. Mientras algunos sectores lo consideran una herramienta para mejorar la transparencia financiera, otros advierten sobre sus consecuencias sociales y económicas.
Por ahora, no hay fecha definida para su implementación. Pero el solo hecho de que esté en evaluación ya encendió alertas en todo el sistema financiero estadounidense.