La Justicia de los Estados Unidos sostiene una de las legislaciones más rigurosas en relación a la custodia parental de menores. Esta normativa se conoce como la Ley del mejor interés del niño o Best Interest of the Child. Según lo determinado por los tribunales, no existe una prioridad automática por parte de las madres o padres en cuestiones de custodia. En cada procedimiento, los jueces consideran diversos factores antes de dictar una sentencia, siendo irrelevante el género del progenitor como criterio determinante. La conocida ley del mejor interés del niño constituye el principio fundamental que los tribunales emplean para determinar la custodia. Con base en este criterio, los jueces no asignan la tenencia de manera automática ni deduciendo el género de los progenitores; en cambio, realizan un análisis exhaustivo de la dinámica familiar, así como de las condiciones de vida y la capacidad de cuidado de cada padre o madre. Durante el proceso judicial, se examina cuál de las alternativas ofrece una mayor estabilidad emocional, física y social para el menor. El propósito es garantizar un entorno seguro y continuo, priorizando su desarrollo integral por encima de los intereses individuales de los adultos involucrados. Así, la custodia podrá asignarse a la madre o al padre, o acordarse de forma compartida, priorizando el interés superior del menor. Este principio es aplicable en tanto en conflictos iniciales como en revisiones de la custodia previamente establecida, particularmente cuando se presentan alteraciones sustanciales en la dinámica familiar. En diversas naciones, la madre suele ser la figura predominante para acceder, casi de manera automática, a la custodia de un hijo en situaciones como, por ejemplo, el divorcio. No obstante, en Estados Unidos se establece que es más adecuado evaluar las condiciones de vida que el niño experimentará con cada uno de sus progenitores. La Justicia estadounidense prioriza acuerdos que fomenten la participación activa de ambos progenitores, siempre que no exista riesgo para el menor. En aquellos casos donde esto no sea viable, el tribunal determinará la custodia basándose exclusivamente en el interés superior del niño, sin recurrir a presunciones previas.