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J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, se mostró en contra de la nueva directiva impulsada por Donald Trump, que exige a los votantes presentar prueba de ciudadanía para votar. Pritzker aseguró que no adoptará esta medida, argumentando que podría afectar negativamente a millones de ciudadanos.
La postura del gobernador se alinea con la decisión de la Junta Electoral de Illinois, que confirmó que no modificará los requisitos actuales y que los votantes podrán seguir participando con una declaración jurada en lugar de documentos adicionales.
Pritzker destacó que este cambio sería injusto y desproporcionado para un gran número de personas.
Illinois: ¿cuál es la medida de Trump que desafió J.B. Pritzker?
El gobernador no dudó en desafiar la orden ejecutiva de Trump que impone la necesidad de presentar prueba de ciudadanía antes de votar. Pritzker calificó la medida de "extrema" y "peligrosa", señalando que su aplicación podría vulnerar los derechos de los votantes en Illinois.
Aunque Trump ha advertido que los estados que no implementen esta política podrían perder financiamiento federal, Pritzker ha mantenido que la independencia de Illinois para regular sus elecciones es fundamental.
Para el gobernador, esta política no solo es una sobrecarga administrativa innecesaria, sino también una amenaza a la democracia, pues podría crear barreras para aquellos que no poseen la documentación requerida, incluso si son ciudadanos estadounidenses.
Polémica en USA: ¿cuáles son las consecuencias y el impacto de la medida de Donald Trump?
Lamedida podría tener consecuencias severas, especialmente para grupos vulnerables dentro de la población electoral. Organizaciones defensoras de los derechos de los votantes, como el Centro Brennan para la Justicia, señalaron que alrededor de 21 millones de estadounidenses en edad de votar no poseen un comprobante de ciudadanía, lo que podría excluirlos del proceso electoral.
Entre los afectados se encuentran mujeres casadas que han cambiado su apellido, cuyos documentos de identidad no coinciden con su estado civil actual, lo que podría generar problemas en el registro y verificación de su ciudadanía.
Además, aunque algunos argumentan que la medida busca mejorar la transparencia electoral, muchos expertos en derechos civiles consideran que ya está cubierta por otras normativas, y que los votantes ilegales enfrentan consecuencias severas bajo las leyes actuales.
