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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) aprobó una nueva política que permitirá revocar la ciudadanía a personas naturalizadas si no cumplen con una condición clave: haber obtenido la ciudadanía de forma totalmente legal y veraz. Esto incluye a quienes hayan cometido fraude migratorio, delitos graves o representen riesgos a la seguridad nacional.
El memorándum fue emitido en junio de 2025 y marca el inicio de una ofensiva sin precedentes que ya comenzó con el primer caso confirmado de desnaturalización. La medida encendió alarmas entre expertos legales y comunidades inmigrantes, que advierten que podría tener consecuencias masivas.
¿Por qué Estados Unidos revocará la ciudadanía a estos inmigrantes?
El memorando instruye a todos los fiscales federales a priorizar los casos de desnaturalización civil. Esto significa que el gobierno buscará quitar la ciudadanía estadounidense a quienes la hayan obtenido de forma fraudulenta o bajo engaños. También están incluidos quienes ocultaron antecedentes penales o hayan sido condenados por delitos como terrorismo, abuso infantil, tráfico de personas, crímenes de guerra, o fraude a programas del gobierno como Medicaid y Medicare.
Esta política no es nueva, pero sí es la primera vez que se promueve de forma activa y masiva bajo una orden directa del DOJ. Los fiscales ahora cuentan con vía libre para investigar miles de casos de naturalización pasados, incluso si los hechos ocurrieron años atrás.
El DOJ aclaró que no se enfocarán en errores menores de formularios, pero sí actuarán ante cualquier indicio de falsedad deliberada. De ser comprobado el fraude, la ciudadanía puede ser retirada y la persona podría ser deportada.
¿Quiénes son los más afectados por la medida?
Esta política no aplica a ciudadanos estadounidenses por nacimiento, sino exclusivamente a personas que adquirieron la ciudadanía por naturalización. Afectará especialmente a quienes hayan presentado documentos falsos, mentido en entrevistas, ocultado información penal o pertenecido a organizaciones criminales.
Para evitar riesgos, los abogados recomiendan a todos los ciudadanos naturalizados revisar sus expedientes migratorios, especialmente si tuvieron cambios de identidad, matrimonios por conveniencia o antecedentes penales, aunque hayan sido eliminados posteriormente.
