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La administración de Donald Trump implementó una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Su gestión se enfocó en endurecer las vías legales de ingreso y las condiciones de permanencia, además de iniciar un plan de deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomó la decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los ciudadanos provenientes de un país de Latinoamérica. De acuerdo con los plazos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), estos individuos deben abandonar el país lo antes posible.
Alerta: Inmigrantes deben abandonar el país de inmediato debido a deportaciones inminentes
La cancelación del TPS para Nicaragua se fundamentó en una evaluación del DHS, la cual fue divulgada en el Registro Federal. Esta evaluación sostiene que las condiciones en el país han mejorado, lo que ya no justifica la continuación de la protección temporal.
El TPS para los ciudadanos provenientes de Nicaragua finalizó oficialmente el 8 de septiembre de 2025. En consecuencia, todos los nicaragüenses que se beneficiaban de este estatus perdieron su protección legal ante las deportaciones y deben abandonar los Estados Unidos de inmediato.
Consecuencias para los inmigrantes que permanecen en el país tras la deportación
La permanencia tras una orden de deportación conlleva consecuencias legales severas. En primer lugar, se activan prohibiciones de reingreso que pueden extenderse por 5, 10 o hasta 20 años, dependiendo de las circunstancias del caso.
Además, en situaciones de reincidencia, el individuo puede enfrentar procesos penales federales por desacato a la orden migratoria. Por último, se pierde cualquier posibilidad inmediata de ajuste de estatus, visas o beneficios migratorios, salvo en casos excepcionales de asilo, temor creíble o protección humanitaria.
Cuando un inmigrante recibe una orden final de deportación en Estados Unidos y no abandona el país dentro del plazo establecido, pasa automáticamente a una situación de presencia ilegal agravada. Esto implica que puede ser detenido en cualquier momento por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enviado a un centro de detención migratoria hasta que se ejecute la expulsión.
