Hay una diferencia importante entre que a alguien lo expulsen y que alguien se vaya. En la nueva era migratoria de Donald Trump, ese límite ya no se distingue.
En los primeros 13 meses de su administración, jueces migratorios firmaron más de 80.000 órdenes de salida voluntaria, un aumento de más de siete veces respecto a las 11.400 registradas en los últimos 15 meses del gobierno de Joe Biden.
No son deportados en sentido estricto: son inmigrantes que, ante un sistema cada vez más hostil, decidieron irse antes de que los echaran. Y entre ellos hay latinoamericanos con años de vida construida en el país, personas con casos de asilo en curso, familias con hijos nacidos en suelo estadounidense.
Qué es la salida voluntaria (y en qué se diferencia de la “autodeportación”)
La diferencia entre ambos contextos es que la autodeportación consiste en irse del país sin intervención oficial, mientras que la salida voluntaria se refiere al proceso formal y legal en el cual una persona sale del país por su propia voluntad bajo ciertas condiciones.
La salida voluntaria es una figura prevista en la ley migratoria que permite a una persona abandonar EE.UU. con autorización de un juez antes de que exista una orden formal de deportación. El inmigrante renuncia a seguir litigando su caso, incluido un posible asilo u otra protección humanitaria, pero evita una orden de deportación que puede impedir su regreso legal durante años o incluso de manera permanente.
En otras palabras, la persona se va por sus propios medios, en el plazo que fija el juez, y se conservan algunas puertas abiertas para el futuro.
Si no se cumple el plazo, esas puertas se cierran: si el inmigrante no abandona el país en el tiempo establecido, la salida voluntaria puede derivar en una orden de deportación con consecuencias mucho más severas.
Quiénes pueden solicitar la salida voluntaria
La salida voluntaria no está disponible para todos los inmigrantes. En general, no pueden acceder a este beneficio quienes:
- Hayan cometido delitos graves, como homicidio, violación o trata de personas.
- Estén vinculados con actividades terroristas.
- No hayan residido en Estados Unidos durante al menos un año antes de recibir la Notificación de Comparecencia (Notice to Appear).
- No puedan demostrar que cuentan con los recursos económicos necesarios para salir del país dentro del plazo establecido.
- Hayan sido deportados anteriormente.
La trampa del encierro: por qué la “elección” no siempre es libre
Antes, muchos inmigrantes podían seguir sus procesos en libertad mientras esperaban audiencia. Ahora, cada vez más permanecen detenidos hasta que se resuelve su caso, lo que cambió sustancialmente el cálculo para miles de personas que, aun teniendo argumentos para pedir asilo u otra protección, terminan abandonando sus procesos porque no quieren pasar meses encerradas.
A esto se suma otro factor: funcionarios de Trump despidieron a más de 100 jueces migratorios y contrataron a nuevos magistrados, algunos con poca experiencia en materia migratoria.
Desde entonces, las denegaciones de asilo y otras protecciones humanitarias han aumentado, y los jueces más nuevos están siendo asignados de manera desproporcionada a casos de personas detenidas, donde es más difícil conseguir abogado, reunir documentos, contactar testigos o preparar una defensa.
