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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley Laken Riley el 29 de enero en la Casa Blanca. Esta nueva legislación, promovida por el Partido Republicano, está relacionada con migrantes indocumentados. La medida ha generado debate en el Congreso y en la opinión pública.
El Senado aprobó el proyecto a inicios de la semana pasada, seguido por la Cámara de Representantes, que lo ratificó con 263 votos a favor y 156 en contra, con el apoyo de 46 demócratas. La ley toma su nombre de Laken Riley, una estudiante asesinada por un inmigrante indocumentado.
Alerta migrantes: ¿en qué consiste la Ley Laken Riley?
La nueva legislación introduce cambios en la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. Establece la detención obligatoria de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos.
Uno de sus aspectos centrales es que permite a los estados presentar demandas contra el Gobierno federal si consideran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no está ejecutando las disposiciones migratorias en su totalidad.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
Faculta a los fiscales generales estatales para intervenir en decisiones migratorias.
Permite a los estados demandar cuando el DHS libere a inmigrantes detenidos por ciertos delitos.
Otorga la posibilidad de solicitar la suspensión de visados para ciudadanos de países que no acepten la repatriación de sus nacionales.
Amplía la lista de delitos que requieren la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados.
Los promotores de la ley sostienen que brinda a los estados herramientas legales para exigir el cumplimiento de lasnormas migratorias. Sin embargo, sus opositores advierten que podría generar conflictos legales y afectar la relación con otras naciones.
Estados Unidos en la mira de todo el mundo: ¿por qué la nueva ley recibe tantas críticas?
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley Laken Riley es la ampliación de los delitos que conllevan detención obligatoriapara inmigrantes indocumentados. La lista ahora incluye delitos no violentos, como el hurto y el robo, además de agresiones a agentes del orden y delitos con consecuencias fatales o con lesiones graves.
Los críticos de la medida argumentan que esta ampliación podría desviar recursos destinados a la detención de delincuentes peligrosos. En contraste, sus defensores afirman que es una respuesta necesaria ante lo que consideran una aplicación laxa de las políticas migratorias en administraciones anteriores.
