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La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, permite al presidente detener, deportar o restringir a ciudadanos extranjeros cuyo país de origen esté involucrado en un conflicto armado con Estados Unidos. Fue aprobada en el marco de las Leyes de Extranjería y Sedición, durante el gobierno de John Adams, en un contexto de tensiones con Francia.
Aunque rara vez ha sido utilizada, la ley sigue vigente y otorga facultades extraordinarias al presidente en tiempos de guerra o ante una "invasión o incursión depredadora" por parte de un enemigo extranjero.
¿Por qué Trump la está aplicando en 2025?
El 15 de marzo de 2025, Donald Trumpinvocó la ley argumentando que el ingreso masivo de presuntos miembros de pandillas, especialmente del grupo criminal Tren de Aragua procedente de Venezuela, constituía una forma de "invasión" que ponía en peligro la seguridad nacional.
Bajo esta justificación, la administración Trumpdeportó rápidamente a más de 200 ciudadanos venezolanos, algunos de los cuales fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que solo una parte tenía antecedentes delictivos comprobados.
¿Qué dijo la Corte Suprema?
La Corte Suprema deEstados Unidosautorizó el uso temporal de la ley mientras se resuelve el litigio de fondo. Sin embargo, exigió que el gobierno notifique formalmente a los migrantes que están siendo expulsados bajo esta autoridad y les otorgue la posibilidad de apelar vía hábeas corpus.
Tres jueces progresistas, incluyendo a Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, disintieron duramente de la decisión. Jackson incluso comparó la medida con el caso Korematsu, en el que la Corte avaló el internamiento de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué críticas recibió esta medida?
Las principales críticas apuntan a:
La rapidez y opacidad con la que se están realizando las deportaciones.
El uso excesivo del poder presidencial bajo una ley de más de 200 años.
La falta de evidencia clara que vincule a todos los deportados con organizaciones criminales.
El riesgo de errores administrativos, como el caso de un ciudadano deportado erróneamente a El Salvador.
La jueza Sotomayor denunció que el gobierno "representa una amenaza extraordinaria para el estado de derecho", y advirtió sobre el precedente peligroso que esta decisión podría sentar.
