Fuente: Archivo
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El gobernador Gavin Newsom firmó una nueva legislación que marca un hito en las políticas migratorias de California.
Se trata de la "Street Vendor Business Protection Act", una norma que busca proteger a los vendedores ambulantes (en su mayoría inmigrantes)de la persecución ydeportación por parte de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Es oficial: nueva protección para vendedores ambulantes en California
La nueva ley califica la venta callejera como un motor económico y cultural esencial dentro de las comunidades de bajos ingresos y de origen inmigrante.
Según el texto aprobado por la Legislatura estatal, esta actividad genera oportunidades de emprendimiento y contribuye al desarrollo económico local, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras para acceder a empleos formales.
El Estado también reconoció que los vendedores ambulantes amplían el acceso a alimentos y productos culturales, fortaleciendo la vida comunitaria y la dinamización de los espacios públicos. En esa línea, la norma impulsa un cambio de paradigma: apoyar en lugar de criminalizar a quienes ejercen esta forma de trabajo informal.
Fin a las sanciones penales y a la cooperación con inmigración
Con esta nueva legislación, California pone fin a décadas de políticas que castigaban con multas o arrestos a los vendedores sin permisos, una práctica que afectó principalmente a la población latina.
La ley establece que ninguna autoridad local podrá compartir información personal con agencias de inmigración, a menos que exista una orden judicial o citatorio válido. Los datos protegidos incluyen nombres, direcciones, teléfonos, permisos comerciales, números de identificación y registros fiscales.
Esta disposición busca eliminar el temor de los vendedores ambulantes a ser deportados por el simple hecho de solicitar una licencia municipal o un permiso sanitario.
Protección reforzada para vendedores de alimentos y bases de datos locales
La medida también protege a quienes trabajan en unidades móviles de alimentos -conocidas como compact mobile food operations-, un sector que suele estar bajo vigilancia de las autoridades sanitarias. A partir de ahora, los funcionarios no podrán consultar el estatus migratorio ni los antecedentes penales de los solicitantes, ni cooperar con el ICE.
Además, la ley ordena que cualquier base de datos creada antes de 2026 que contenga información sobre el lugar de nacimiento o antecedentes penales de los vendedores sea eliminada antes del 1° de marzo de ese año, salvo que una ley federal exija conservarla.