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El último informe anual de los fideicomisarios de Medicare y el Seguro Social, publicado el 18 de junio de 2025, confirma que ambos programas enfrentan una crisis más cercana de lo previsto. El fondo Hospital Insurance (Parte A) de Medicare se quedará sin reservas en 2033, mientras que los fondos combinados de Seguro Social (OASI y DI) se agotarán en 2034.
Estos informes señalan que los costos crecientes del sistema de salud y cambios legislativos recientes, como la Ley de Equidad del Seguro Social, han acelerado el agotamiento. El resultado: ambos fondos se "quiebren" entre 8 y 9 años, una situación que exige medidas urgentes.
Alerta en Medicare: anunciaron que quebrará antes de lo pensado
El fondo Hospital Insurance de Medicare verá agotados sus fondos en 2033, tres años antes de lo proyectado el año anterior (2036), debido a que los gastos hospitalarios, de atención en hogar y cuidado en asilos crecieron más de lo anticipado.
En tanto, el Seguro Social se quedará sin fondos en 2034 (un año antes que en 2024) por dos factores principales: el alza de beneficios aprobados por la Ley de Equidad del Seguro Social y una desaceleración en los ingresos fiscales que financian el programa.
¿Qué pasará cuando "quiebren" los fondos?
A partir de las mencionadas fechas:
Medicare Parte A solo tendrá fondos para cubrir el 89% de sus beneficios hospitalarios.
Seguro Social podrá pagar apenas el 81% de los beneficios programados.
Esto significa recortes automáticos para millones de beneficiarios a partir de 2033-2034 si no se aprueban reformas antes de esas fechas.
¿Cuáles son las consecuencias de un quiebre de Medicare?
En ausencia de intervenciones:
Reducción automática de beneficios: un 11% en Medicare y entre 19-23% en Seguro Social desde el año de quiebra.
Impacto real en más de 130millones de personas, lo que puede desencadenar crisis en la economía doméstica, especialmente en hogares dependientes de ingresos fijos.
Presión política creciente: grupos de defensa, expertos y algunas agencias como el Tesoro y SSA insisten en que el Congreso debe actuar "más temprano que tarde" para reducir el efecto negativo en beneficiarios.
