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El Seguro Social enfrenta un debate clave sobre el futuro de sus beneficios. Una propuesta de un centro de estudios privado —no del gobierno— plantea fijar un tope máximo a los pagos anuales que reciben algunos jubilados en Estados Unidos, en medio de la creciente preocupación por la solvencia del programa.

La iniciativa, conocida como Six Figure Limit, fue elaborada por el Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), una organización fiscal independiente. No es una ley, ni un proyecto del Congreso, ni una decisión de la SSA: se trata de una opción técnica para reforzar las cuentas del programa, hoy a menos de siete años de la insolvencia.

¿Qué cambia para los beneficios del Seguro Social?

La propuesta establecería un límite de u$s 100.000 anuales al total de beneficios que puede cobrar una pareja jubilada a la edad normal de retiro. Para una persona sola, el tope sería de u$s 50.000 al año.

El monto cambia según el estado civil y la edad en que se reclama el beneficio. Estos son los topes estimados para una pareja:

  • A los 62 años: u$s 70.000 (por la reducción actuarial del retiro anticipado)
  • A la edad normal de retiro (67): u$s 100.000
  • A los 70 años: u$s 124.000 (por el crédito por retiro diferido)
  • Persona sola, a la edad normal: u$s 50.000
El Seguro Social enfrenta un debate clave sobre el futuro de sus beneficios.
El Seguro Social enfrenta un debate clave sobre el futuro de sus beneficios.Shutterstock

¿A qué jubilados afecta el recorte de beneficios?

El recorte alcanzaría únicamente a quienes cumplan un requisito muy concreto: haber tenido ingresos altos durante toda su vida laboral. En los primeros años, solo el 0,05% de las parejas más ricas cobra beneficios por encima del tope propuesto.

¿Quiénes quedarían alcanzados?

  • Haber ganado al menos el máximo imponible (u$s 184.500 en 2026) durante 35 años o más.
  • Cobrar beneficios por encima del tope correspondiente a su edad de reclamo.
  • Integrar, en esta primera etapa, el sector de mayores ingresos del país.

Para el resto, el efecto sería el opuesto. Según el análisis, el límite aumentaría los beneficios pagables para el 70% u 80% de los beneficiarios, ya que la ley obliga al programa a pagar solo lo que recauda tras la insolvencia. Así, el plan busca evitar el recorte general del 24% previsto por ley y trasladar parte de ese alivio a los jubilados de menores ingresos.