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El Gobierno de los Estados Unidos establece una regulación explícita sobre las cuentas bancarias. Anualmente, todos los contribuyentes están obligados a completar trámites específicos para reportar su actividad económica y sus activos financieros.

De no ser así, aquellos que no acaten la normativa se arriesgan a enfrentar graves consecuencias, incluyendo el embargo de bienes y la intervención de cuentas bancarias.

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El Estado procederá a embargar bienes y suspender cuentas bancarias.

La política “Regreso a casa” del presidente Donald Trump tiene como meta confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de individuos en situación de inmigración ilegal. Esta estrategia persigue el objetivo de desincentivar la permanencia no autorizada en el país y disminuir los recursos disponibles para quienes han ingresado sin permisión.

Esta medida se enmarca dentro de las políticas de tolerancia cero que ha implementado el actual gobierno en el ámbito migratorio.

Aunque la confiscación de bienes de delincuentes no es una práctica nueva en Estados Unidos, su aplicación extensiva a inmigrantes en función de su estatus migratorio requeriría la creación de nuevas leyes o reinterpretaciones del derecho civil y penal.

La política “Regreso a casa” del presidente Donald Trump tiene como meta confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de individuos en situación de inmigración ilegal.

¿Es legítima la expropiación de propiedades y cuentas bancarias sin orden judicial?

La Corte Suprema estableció que todas las personas que se hallen en el territorio estadounidense, sin considerar su estatus migratorio, gozan de protección bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe registros e incautaciones “irrazonables” sin orden judicial o causa probable.

En Estados Unidos, la situación migratoria irregular no constituye un delito penal, sino que se clasifica como una infracción civil. Por ende, la confiscación de bienes exclusivamente por esta causa, en ausencia de cualquier conducta delictiva, no tiene fundamento jurídico bajo la Constitución ni dentro del marco del debido proceso.

Por esta razón, todo sugiere que, en caso de que el gobierno de Donald Trump intente proceder en esta dirección, se desatará una intensa disputa en los tribunales.