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El embargo de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos son medidas legales y financieras utilizadas por las autoridades para asegurar el cumplimiento disposiciones federales.
Aunque suelen pasar desapercibidas frente a otros procesos legales, estas acciones tienen un impacto directo en la vida económica de individuos y empresas, ya que impiden disponer de propiedades, activos o fondos hasta que se resuelva la causa que las motivó.
Confiscan bienes y congelan las cuentas bancarias de todos los que están en esta lista
El presidente Donald Trump anunció que, en el marco de su política denominada "Regreso a casa", se implementarán medidas destinadas a confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de personas que se encuentren en situación migratoria ilegal en Estados Unidos.
El plan busca no solo reforzar los mecanismos de control fronterizo, sino también desincentivar la permanencia de indocumentados dentro del país mediante sanciones económicas y patrimoniales.
La iniciativa se justifica en la necesidad de "eliminar incentivos materiales" que permiten a los inmigrantes indocumentados establecerse y permanecer en el país de forma prolongada. De esta manera, el programa no se limita a la deportación, sino que pretende golpear la base económica y financiera de quienes viven sin estatus legal, reduciendo su acceso a recursos que les permitan sostenerse.
¿Cómo se implementará esta medida?
El plan prevé la cooperación entre agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento del Tesoro, encargados de identificar activos y ejecutar embargos.
Las instituciones financieras, por su parte, tendrían la obligación de reportar cuentas sospechosas, mientras que registros estatales de propiedad y vehículos serían utilizados para detectar titulares sin estatus migratorio regular.
¿Es legar confiscar bienes y congelar las cuentas bancarias de estas personas?
El gobierno de Estados Unidos puede embargar o congelar bienes cuando se demuestra que provienen de actividades ilícitas, como narcotráfico, lavado de dinero o fraude migratorio. Estas herramientas se aplican a través de procedimientos de forfeiture civil o criminal. A su vez, también existen mecanismos de embargo para garantizar deudas fiscales o judiciales.
La Constitución protege el derecho a la propiedad y al debido proceso (Quinta y Decimocuarta Enmiendas). Esto significa que el gobierno no puede confiscar bienes sin una orden judicial o sin dar al afectado la oportunidad de defenderse en tribunales.
Incluso los inmigrantes sin estatus legal tienen derecho adebido proceso en procedimientos que afecten su libertad o propiedad. Por ende, confiscar automáticamente bienes solo por la condición migratoria sería altamente cuestionado en cortes federales y probablemente considerado inconstitucional.
