La firma canadiense ATCO llegó a un acuerdo y desistió de la demanda internacional que había iniciado contra el Estado uruguayo por 240 millones de dólares
El gobierno de Yamandú Orsi y la empresa canadiense ATCO acordaron ponerle fin al arbitraje internacional promovido en el año 2024 por la compañía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el que reclamaba al Estado uruguayo una indemnización estimada en unos 240 millones de dólares.
La decisión fue informada por el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, quien destacó que el acuerdo alcanzado permite concluir el procedimiento arbitral sin que Uruguay deba pagar indemnización alguna ni asumir obligaciones económicas frente a la empresa.
La controversia se había iniciado en abril de 2024, cuando ATCO presentó una solicitud de arbitraje contra Uruguay, al amparo del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados y del acuerdo entre los gobiernos de Canadá y Uruguay para el Fomento y la Protección de las Inversiones, firmado el 29 de octubre de 1997.
El fin a esta demanda de ATCO se suma al fallo favorable a Uruguay en el juicio internacional por parte de la empresa Neltume Ports, propietaria del operador portuario Montecon en el puerto de Montevideo.
Díaz destacó que se trata de dos antecedentes relevantes en materia de defensa de los intereses nacionales ante controversias internacionales de inversión, ya que ambas compañías son accionistas de Montecon, una de las empresas que operan contenedores en el puerto de Montevideo.
“El gobierno de Uruguay y la empresa ATCO acordaron poner fin al arbitraje internacional promovido en el año 2024 por la compañía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el que reclamaba al Estado uruguayo una indemnización estimada en 240 millones de dólares”, señal un comunicado de Presidencia de la República.
Díaz destacó que este acuerdo permite concluir el procedimiento arbitral sin que Uruguay deba pagar indemnización alguna ni asumir obligaciones económicas frente a la empresa.