El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este martes un paquete de decretos que establece plazos máximos para la atención médica en todo el sistema: desde consultas de medicina general hasta resonancias, endoscopías y cirugías oncológicas. La medida, firmada por la ministra Cristina Lustemberg, busca acotar tiempos de espera históricos y poner criterios uniformes entre prestadores públicos y privados.
Entre las principales disposiciones, el decreto fijo 24 horas hábiles para agendar consultas de medicina general, pediatría, ginecología y medicina familiar y comunitaria. Si el paciente solicita atenderse con su médico tratante, el plazo máximo para la agenda se amplía —pero con límites— a 30 días corridos para la mayoría de las áreas ya 90 días en ginecología. La consulta con cirugía general deberá coordinarse en 48 horas.
Para las demás especialidades médicas y quirúrgicas, el plazo general será de 30 días corridos desde la solicitud; cuando se reclama al médico tratante, el máximo será de 90 días. El decreto incorpora además la figura de “consultas priorizadas”, un listado que el MSP definirá en las próximas semanas y que obligará a agendar en un máximo de 10 días hábiles las especialidades que se consideran de mayor impacto clínico.
En materia quirúrgica el texto establece tiempos diferenciados: las cirugías oncológicas deberán realizarse en un plazo no mayor a 30 días desde su indicación, mientras que los demás procedimientos no urgentes tendrán un tope de 180 días. En diagnósticos por imágenes, la tomografía axial computada no urgente tendrá un plazo máximo de 60 días; resonancias, ecocardiogramas, dopplers y endoscopías no urgentes, 90 días —reduciéndose a 60 días en 2027—, salvo las endoscopías priorizadas que bajan a 30 días.
La norma representa un avance en la formalización de tiempos, pero su éxito práctico confronta desafíos operativos evidentes: falta de especialistas en algunas regiones, capacidad limitada de centros de diagnósticos y quirúrgicos, la necesidad de reforzar la gestión de turnos y la interoperabilidad entre prestadores. Expertos del sector advierten que sin mayores recursos humanos y tecnológicos, las metas podrían quedar en letra.
Otro punto crítico será la fiscalización y los mecanismos de corrección cuando no se cumplan los plazos. El decreto fija reglas, pero no resuelve automáticamente la asignación de recursos ni garantiza aumentos en la oferta. Será necesario definir indicadores, informes periódicos y sanciones o incentivos que aseguren la implementación efectiva en el corto y mediano plazo.