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Flybondi abrió un nuevo frente judicial en su intento por volver a volar. Esta vez, la aerolínea pidió que aparten al juez que interviene en su concurso preventivo, al considerar que sus decisiones “demoran la apertura del proceso” que necesita para reorganiar sus dedudas y recuperar la actividad comercial.
La presentación apunta contra Guillermo Mario Pesaresi, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N°24, donde se tramita la causa “FB Líneas Aéreas S.A. s/ concurso preventivo”, expediente COM 20311/2026.
El planteo es una recusación con causa. Esto es un mecanismo previsto para solicitar que un magistrado deje de intervenir en una causa cuando una de las partes considera que existen motivos que afectan su imparcialidad.
Ahora, queda en manos de la Cámara determinar si corresponde apartarlo definitivamente o si debe continuar al frente del concurso.
Desde la compañía explicaron que el objetivo es acelerar el procedimiento.
Flybondi presentó el pedido de concurso el 2 de octubre, después de una severa crisis financiera que terminó con la paralización de sus operaciones.
Aunque ya pasó más de un mes, el concurso todavía no fue formalmente abierto. Y, en el medio, el Juzgado le exigió a la aerolínea información adicional para evaluar si cumple con los requisitos legales para acceder al procedimiento.
El 30 de octubre, Pesaresi dispuso una serie de requerimientos documentales, contables, societarios, financieros, laborales y operativos. La empresa recibió un plazo de cinco días hábiles para completar la información.
Entre los puntos que el magistrado pidió aclarar figuran la composición accionaria de la sociedad, los movimientos de capital, el origen de los fondos que ingresaron durante 2025, los préstamos recibidos y el destino de esos recursos. También solicitó precisiones sobre las deudas laborales, los acreedores, la situación de la flota y la cantidad de empleados activos, suspendidos y desvinculados.
La revisión incluyó además información sobre la estructura societaria de la compañía. En un documento presentado ante la Justicia, los trabajadores denunciaron que existen contradicciones respecto del desembarco de COC Global Enterprise y del empresario Leonardo Scatturice, quien públicamente fue presentado como el hombre detrás de la adquisición de Flybondi en 2025.
Cabe recordar que en agosto pasado, COC Global, la firma liderada por el empresario argentino que en el último año inyectó más de u$s 70 millones para sostener a Flybondi, anunció que iniciaría acciones legales contra Cartesian Capital Group, el fondo de inversión estadounidense que es accionista de la low cost, para que “normalice la situación de la compañía con el objetivo de dar certeza sobre la continuidad de sus operaciones”.
La relación entre ambas partes se deterioró definitivamente el pasado 15 de julio. Ese día, COC Global difundió un comunicado en el que informó haber detectado una serie de irregularidades durante el análisis de la situación interna de Flybondi. Entre ellas mencionó la existencia de pasivos ocultos, desvíos de fondos y decisiones que calificó como “fuera de toda lógica comercial”.
Para el juzgado, esta cuestión no es menor. Y es que durante 2025 la empresa informó: aportes de capital por alrededor de $ 75.900 millones; préstamos por más de $ 25.200 millones y aportes irrevocables por otros $ 46.279 millones.
Dado que no quedó acreditado quién aportó esos fondos ni bajo qué estructura jurídica ingresaron, el juez exigió identificar a los beneficiarios finales de los aportes y explicar la verdadera estructura de control de la compañía.
Del otro lado, Flybondi cuestiona el alcance de las exigencias y los tiempos otorgados para cumplirlas. Al mismo tiempo, apunta a que la Cámara revise el tratamiento que recibió la aerolínea en comparación con otros concursos tramitados ante el mismo juzgado.
El intento de sobrevivir
La lowcost, que inició sus operaciones en la Argentina en 2018, atravesó una progresiva inmovilización de su flota, con una caída abrupta de la cantidad de vuelos y de los ingresos por venta de pasajes.
Según los datos que la propia compañía presentó ante la Justicia, en enero de 2026 contaba, en promedio, con 8,33 aeronaves operativas sobre una flota de 13,67. En julio, la disponibilidad había caído a 2,67 aviones sobre 11.
La reducción de la capacidad tuvo un impacto directo sobre el negocio. Durante los primeros siete meses del año, la cantidad mensual de vuelos operados cayó alrededor de 95,3%. En julio, las cancelaciones representaron aproximadamente 81,4% de la programación y los ingresos por venta de pasajes se desplomaron más de 90%.
La empresa declaró la cesación de pagos en marzo, cuando los costos de mantenimiento de los aviones, las deudas con proveedores y los compromisos financieros superaron los ingresos que generaba.
A ello se sumaron cheques rechazados por más de $ 1766 millones entre junio y agosto, reclamos laborales, deudas con organismos estatales y obligaciones con proveedores aeroportuarios, de combustible y mantenimiento.
Qué puede pasar ahora
La recusación abrió una instancia que deberá resolver la Cámara Comercial, con el fin de analizar los fundamentos de la presentación y decidir si Pesaresi continúa interviniendo o si corresponde designar otro magistrado.
No existe, por ahora, un plazo confirmado para que la Cámara resuelva el planteo. No obstante, según los artículos 25 y 26 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el juez recusado debe remitir a la Cámara, dentro de los cinco días, el escrito de recusación junto con un informe sobre los motivos alegados.
Una vez concluida la etapa de prueba -si corresponde- y contestada la vista por el magistrado o vencido el plazo para hacerlo, la Cámara debe resolver el incidente dentro de los cinco días.