La decisión del Ministerio de Agroindustria de reducir el plantel de empleados en el propio ministerio y en los organismos que se encuentran bajo su órbita, como el caso del Senasa, en pos de reducir el gasto, sigue generando complicaciones. Más allá de la continuidad del paro en el organismo que se encarga del control de la sanidad de los alimentos, previsto hasta el próximo viernes, los distintos sectores agroindustriales ya sienten la parálisis.

El malestar lo expresaron con mayor contundencia los productores frutícolas de la Patagonia por la "falta de soluciones" en un conflicto que ya se extiende por más de 10 días.

Desde la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) de Río Negro y Neuquén expresaron que el sector es "rehén" de un conflicto en el que no es parte involucrada, y que sin embargo está pagando los costos "por ser víctima de los enormes perjuicios que esta ocasionando esta imposibilidad de empacar y exportar fruta a todos los mercados de destino".

El paro activo, tal como lo definieron los delegados de ATE que llevan adelante la medida (uno de los gremios que nuclea a trabajadores del organismo y que incluye a casi la mitad del personal; otro es UPCN que no está de paro), teniendo en cuenta que se concurre a los lugares de trabajo pero que se trabaja de manera parcial, se extenderá hasta el próximo viernes cuando en asamblea se decida cómo continuar, tras la asamblea del lunes pasado (el conflicto surgió tras la confirmación de 213 despidos de trabajadores del organismo que se sumaron a los 330 despedidos en la planta del Ministerio).

Fuentes del Senasa comentaron a El Cronista que donde más repercute la parálisis es en las fronteras y las barreras sanitarias, como pueden ser la barrera de la Patagonia, los aeropuertos y los puertos, en donde se requiere la expedición de certificados sanitarios. "En el sector de peras y manzanas hubieron buques que no pudieron embarcar su producción. Es un tema complicado porque no se hacen los controles necesarios para las exportaciones de los productos", destacaron desde el sector de Economías Regionales de la CAME.

Desde CAFI reclamaron una serie de puntos entre los que se encuentran quién se hará cargo de la cantidad de fruta que ya no se podrá enviar a mercados en los que se cierran las posibilidades de exportar; la sobreoferta y caída de precios que provocará en otros mercados, si en el mejor de los casos se pudieran redireccionar esas exportaciones; la falta de dólares que ocasionará en la región esas operaciones no realizadas; y el daño a la reputación como exportador que en el contexto internacional "estamos sufriendo" por no cumplir con los compromisos asumidos.

Además agregó que "cada día que pasa sin exportar representa un daño irreparable a toda la fruticultura de la región", ya que se genera un daño en el nivel de empleo: "muchas empresas debieron suspender turnos, con el consiguiente perjuicio en el resto de los trabajadores del sector".

En números, la industria viene de dos años complicados con baja de producción y exportaciones. En base a los registros del Senasa, el año pasado se exportaron 75.795 toneladas de manzanas que significaron un 14% menos que en 2016 (unas 87.967 toneladas), mientras que en peras la caída fue del 11%: se pasó de 307.322 toneladas en 2016 a unas 273.293 toneladas el año pasado.

En el caso de la Patagonia Norte, la situación fue más crítica: en el segmento de peras la caída fue del 16%, mientras que en manzanas la retracción fue del 20%.