OXFAM —confederación internacional que analiza pobreza y desigualdad a nivel global— advirtió en su informe más reciente algo que, aunque incómodo, resulta cada vez más evidente: cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder político. Y cuando el poder político se concentra, la democracia deja de ser un sistema de representación para convertirse en un mecanismo de validación de intereses particulares. No es una exageración; es una relación estructural documentada. El problema no es únicamente económico. Es profundamente político. En un país donde la desigualdad se normaliza, el voto deja de ser una expresión libre y se convierte en una herramienta condicionada por la necesidad. La democracia, entonces, se debilita no por falta de instituciones, sino por exceso de carencias. En este contexto, el modelo impulsado por la llamada Cuarta Transformación (4T) ha apostado por una expansión significativa de programas sociales como eje central de su narrativa de justicia. En México, cerca de 19 millones de personas no tienen acceso a una alimentación nutritiva. A esto se suman aproximadamente 38 millones de mexicanos que viven con al menos una carencia social. Y, además, alrededor de 21 millones de mujeres realizan jornadas de trabajo no remuneradas, sosteniendo hogares y economías invisibles. Frente a este panorama, la respuesta del régimen ha sido ampliar la cobertura de apoyos directos, priorizando la dispersión de recursos por encima de la construcción de capacidades productivas sostenibles. Pero claro, la narrativa oficial suele simplificar el problema: repartir apoyos equivale a justicia social. Nada más cómodo. Nada más políticamente rentable. Nada más engañoso. El asistencialismo, aunque necesario en ciertos contextos, no es sinónimo de desarrollo. Cuando se convierte en estrategia central —como ocurre en buena parte del enfoque de la 4T— puede perpetuar la dependencia que dice combatir. Porque el verdadero indicador de éxito de un gobierno no debería medirse en cuántas personas reciben transferencias, sino en cuántas dejan de necesitarlas. Sin embargo, esta métrica parece no estar de moda. La lógica actual privilegia la cobertura sobre la efectividad. Es decir, importa más cuántos reciben que cuántos progresan. Bajo este enfoque, un programa social “exitoso” no es aquel que reduce la pobreza, sino aquel que amplía su padrón. Y así, la política social se convierte en una extensión de la política electoral, donde la relación directa entre gobierno y beneficiarios se transforma en un activo político. Aquí es donde el planteamiento de OXFAM resulta particularmente revelador: la concentración de riqueza no solo genera desigualdad económica, sino que también distorsiona los incentivos políticos. Porque en un entorno donde millones dependen de transferencias —como ocurre bajo la expansión de programas de la 4T— el poder deja de competir por generar oportunidades y comienza a competir por administrar carencias. Y administrar carencias es, paradójicamente, una forma de conservar el poder. El problema se agrava cuando se observa la dimensión de género. Las 21 millones de mujeres que realizan trabajo no remunerado no solo enfrentan desigualdad económica, sino también invisibilidad estructural. Su contribución no aparece en el PIB, pero sostiene buena parte de la economía real. Mientras tanto, las políticas públicas —incluidas las de la 4T— siguen sin integrar de manera efectiva este componente. En este contexto, hablar de igualdad social y económica no es un ideal, es una condición para la supervivencia democrática. Porque sin condiciones mínimas de equidad, la libertad política se convierte en una ficción. Una democracia que depende de ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas es, en el mejor de los casos, una simulación funcional. La ironía es evidente: mientras más se amplían los programas sin un enfoque de salida, más se debilitan las bases del desarrollo. Se crea un círculo donde la pobreza alimenta la política y la política administra la pobreza. Un modelo sostenible, sí, pero para el poder, no para la sociedad. Romper este ciclo implica cambiar la lógica. No se trata de eliminar apoyos, sino de focalizarlos estratégicamente y vincularlos con mecanismos reales de movilidad social: educación de calidad, acceso efectivo al empleo formal e inclusión financiera. Es decir, pasar de un modelo centrado en transferencias —como el que ha privilegiado la 4T— a uno orientado a generar capacidades. En otras palabras, se trata de pasar de la asistencia a la autonomía. Porque si la democracia depende de ciudadanos libres, entonces la política pública debería enfocarse en crear libertad económica, no en administrar dependencia. La recomendación es clara: medir el éxito gubernamental no por el tamaño de los programas sociales, sino por la reducción sostenida de sus beneficiarios. Un gobierno que logra que menos personas necesiten ayuda no es un gobierno que abandona, es un gobierno que desarrolla. Lo demás —aunque funcione en el discurso y en la política— es simplemente administrar la desigualdad con cargo al presupuesto público. Y eso, por definición, no es democracia. *Es una opinión personal del autor que no refleja la postura de El Cronista México o sus dueños. El autor es director de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR México). Colaborador en Radio Colima en el Noticiero con Max Cortés: Datos con Valor. X e Instagram @Aivc2, TikTok @2aivc.