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Imaginen que se encuentran con el mejor negocio de su vida: con ubicación privilegiada, un mercado de 130 millones de personas, con mano de obra calificada, con acceso preferencial al mercado más grande del mundo y una ventana histórica de reordenamiento global de cadenas de suministro a su favor. La única condición es que para hacer negocios ahí necesitará un equipo de abogados y de contadores que trabajen de tiempo completo, porque las reglas cambian sin previo aviso y nadie te garantiza que las interpretará igual la próxima vez.
Ese negocio se llama México.
La semana pasada, el think tank TMF Group publicó su 13ª edición de ‘El Índice Global de Complejidad Empresarial’ , que analiza 81 países en 292 indicadores de contabilidad, impuestos, gestión corporativa y empleo. El resultado para México no sorprende a los empresarios: somos el segundo país más complejo del mundo para hacer negocios, solo detrás de Grecia.
El framing del índice coloca a México como uno de los entornos más difíciles para operar empresas, no como uno de los más sofisticados o desarrollados.
Y no llegamos ahí de golpe, sino que venimos ascendiendo metódicamente: pasamos del cuarto lugar en 2024, al tercero el año pasado y ahora somos los segundos. Vamos en la dirección equivocada con una consistencia brutal.
Los cambios regulatorios frecuentes, los requisitos administrativos que nadie avisa con anticipación, una autoridad fiscal cuya discrecionalidad genera más incertidumbre que certeza, y un sistema bancario que puede convertir la simple apertura de una cuenta en un laberinto kafkiano, son los enemigos ampliamente conocidos por cualquier CFO o CEO. “Abrir cuentas bancarias y trabajar con las autoridades fiscales puede significar tanto duda como retraso, lo que dificulta que las empresas planifiquen con confianza”, reza el informe de TMF.
¿Y el nearshoring, apá?
Esta clasificación, este ‘up grade’ en la lista menos deseada, llega en un momento inoportuno. Entre 2022 y 2024 vivimos el auge del nearshoring. Llegaron empresas, llegaron inversiones, llegó el optimismo… pero también llegó la burocracia (y por qué no la corrupción solapada debajo de requisitos que nada puede salvar, excepto un sobre amarillo tamaño billete).
Otro costo invisible es el cumplimiento. El SAT tiene programadas 16,200 auditorías para este año (según el comunicado 053/2025). Las pymes, por ejemplo, que deberían integrarse al ecosistema de nearshoring como proveedoras ahora enfrentan filtros antilavado cada vez más estrictos que les impiden acceder al sistema financiero internacional. Y el impuesto sobre nómina varía por estado, con propuestas de modificación que llegan en noviembre para entrar en vigor en enero.
Es paradójico cómo ‘a pesar de todo’ México es un destino de alto riesgo administrativo pero de alta recompensa económica. Sino, no seguiríamos recibiendo inversión extranjera directa (aunque sea para ampliar operaciones en empresas ya instaladas).
Si bien es cierto (y somos una prueba) de que los inversionistas toleran la complejidad cuando la recompensa la justifica, si la complejidad sigue escalando más rápido que el atractivo… en algún momento dejamos de ser sexy.
“Los inversores buscan simplicidad, pero sobre todo certeza en las reglas bajo las que operan”, resalta en este reporte Mark Weil, CEO de TMF Group.
En realidad, los mercados serios y maduros no son menos complejos, ni menos regulados. Lo que sí tienen es una regulación predecible, basada en criterios únicos y consistentes, que no cambie en el tiempo que tarda una empresa en adaptarse.El 4 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en el Museo de Antropología el paquete de Acciones Inmediatas del Plan México: ventanilla única, autorizaciones en 30 días, reducción de requisitos en Cofepris de 340 a 125.
Aún así hay algo más en la textura fina de las dificultades mexicanas, y lo explicó en el foro de El Financiero, ‘Construyendo Oportunidades. Crecimiento Económico con Equidad’, el CEO de Grupo Danhos, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, “hay billones de dólares detenidos por trámites que a lo mejor son muy sencillos (...) La mayoría de los proyectos se detienen en municipios o en estados”. En el mismo panel, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, Gustavo Tomé Velázquez de Fibra Plus, abonó a ese punto de desconcierto burocrático gubernamental: “la mayoría de los beneficios se detienen en municipios o estados”.
Si bien el Plan México confirma que el problema existe, la solución parece que no es únicamente federal, sino de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Y muchas veces los proyectos naufragan en el eslabón más débil (sí, los municipios), que no es la Secretaría de Economía sino una alcaldía pequeña sin incentivos de largo plazo.