La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso el foco en una regla fiscal que muchas personas desconocen al momento de cerrar una operación inmobiliaria en México. El fallo aclara cómo debe aplicarse el Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando existe una diferencia significativa entre el precio pactado en la escritura y el avalúo oficial de la propiedad. La resolución fue derivada del análisis del Amparo en Revisión 384/2025 resuelto en sesión de Pleno el 3 de marzo de 2026. La SCJN declaró constitucionales los artículos 125, 130 fracción IV y 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estas disposiciones establecen que, cuando una persona compra un inmueble y el avalúo es más de 10% superior al precio de compra, esa diferencia se considera un ingreso para el comprador y, por tanto, debe pagar ISR, al interpretarse fiscalmente como una ganancia derivada de la operación inmobiliaria. El avalúo es una evaluación profesional que determina el valor comercial de un inmueble. Lo realiza un perito especializado que analiza factores como la ubicación, las condiciones físicas y las características del entorno, y da como resultado un documento que establece el precio justo de la propiedad. Este documento es además indispensable cuando se solicita un crédito hipotecario, ya que las instituciones financieras lo exigen para respaldar el monto del préstamo. El fallo también explica que esta disposición busca evitar prácticas de subvaluación en las escrituras, una estrategia utilizada en algunos casos para declarar precios menores al valor real de una propiedad. Según la Corte, la medida respeta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que busca que cada persona contribuya al gasto público de acuerdo con su verdadera capacidad económica. La regla del ISR en compra de inmuebles aplica bajo condiciones específicas: cuando el avalúo oficial supera en más de 10% el precio de compra, esa diferencia se considera ingreso para el comprador, debe pagar ISR y la norma se aplica sin importar el tipo de inmueble o la situación personal del adquirente. Para calcular la diferencia, se utilizan avalúos realizados por especialistas autorizados, como corredores públicos o instituciones certificadas. La Corte explicó que el Congreso definió con claridad qué se entiende por ingreso y cómo debe calcularse la diferencia entre el precio pactado y el valor real del bien. Con esta resolución, el máximo tribunal confirmó que la legislación vigente puede utilizar el avalúo como referencia para detectar incrementos patrimoniales relevantes en operaciones inmobiliarias. Con este fallo, la SCJN reafirmó que comprar un inmueble en México puede implicar obligaciones fiscales más allá del precio acordado en la escritura. Conocer esta regla antes de cerrar cualquier operación inmobiliaria resulta clave para evitar sorpresas con el fisco y garantizar que la transacción se realice con plena transparencia tributaria.