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El regreso a clases de más de 34 millones de niños y jóvenes en México no solo implica gastos en útiles, uniformes y colegiaturas. Un accidente durante el ciclo escolar también puede convertirse en un golpe financiero para las familias y las instituciones educativas.

Tan solo en la Ciudad de México se registraron más de 30,000 accidentes en instituciones educativas entre octubre de 2024 y agosto de 2025, de los cuales 97% involucró a estudiantes, de acuerdo con información del Congreso capitalino.

Las cifras ponen sobre la mesa el impacto económico que puede generar una emergencia durante el ciclo escolar, desde consultas médicas y estudios hasta hospitalización, cirugías, rehabilitación y medicamentos.

Ante este escenario, los seguros de accidentes escolares pueden funcionar como una herramienta para trasladar parte de ese riesgo financiero y brindar respaldo a estudiantes, familias e instituciones educativas.

“Da estabilidad financiera a la escuela y a los involucrados ante los gastos imprevistos generados por accidentes, además de apoyar con los protocolos para agilizar la atención médica ante cualquier eventualidad”, explicó Jesús Rodríguez, director de Vida de General de Seguros.

El riesgo también pega al bolsillo

Dependiendo de las condiciones de la póliza, la cobertura puede incluir gastos médicos derivados de un accidente, como consultas, cirugías, hospitalización, estudios, rehabilitación y medicamentos. También puede contemplar indemnizaciones por pérdidas orgánicas y gastos funerarios en caso de muerte accidental.

La protección no necesariamente se limita a lo que ocurre dentro de las instalaciones. Algunos seguros cubren accidentes durante el trayecto de la casa a la escuela y de regreso, así como en actividades deportivas, culturales o sociales organizadas por el plantel y viajes previamente programados.

Aunque la Ley General de Educación no establece de forma explícita la obligación de que todas las escuelas cuenten con un seguro de accidentes personales escolares, la protección de los estudiantes cobra relevancia ante el número de accidentes que se registran durante las actividades educativas.

El mercado potencial se concentra principalmente en las más de 42 mil escuelas particulares que existen en México, las cuales representan alrededor de 17% del total de instituciones educativas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el caso de la educación pública, algunos estados cuentan con programas propios para brindar este tipo de protección, por lo que la cobertura no es uniforme en todo el país.

Los seguros escolares que ofrece General de Seguros, por ejemplo, pueden adaptarse a las necesidades de cada institución y contratarse por ciclo escolar, con vigencias de 10 meses, o por año, de 12 meses.

Las sumas aseguradas también pueden ajustarse para cubrir gastos médicos por accidente, pérdidas orgánicas o muerte accidental, mientras que algunos planes incluyen orientación médica telefónica las 24 horas.

Para Rodríguez, contar con este tipo de mecanismos permite reducir la presión económica que puede generar un accidente inesperado.

“Esta herramienta financiera nos ayuda a proteger lo más importante: la tranquilidad de alumnos, padres y escuelas; porque un accidente puede ocurrir en cualquier momento”, señaló.

Así, el regreso a clases no solo representa un nuevo periodo de gastos para las familias. También vuelve a poner sobre la mesa un riesgo que puede ser difícil de anticipar y que, sin una protección adecuada, puede terminar impactando directamente el bolsillo.