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Tras la puesta en vigor del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, alimentos con alto contenido calórico y cigarros, los tenderos han perdido entre un 15% y 20% de sus ingresos debido a estos aumentos, estima Héctor Saúl Téllez Hernández, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Durante el panel El costo del IEPS: Impacto en la tienda de barrio –realizado en la Cámara de Diputados y organizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) – Tellez señaló que el IEPS a bebidas saborizadas nació con un fin de salud, pero se ha convertido en una medida puramente recaudatoria.
Una medida para reducir el consumo de refrescos que, critica el funcionario, se quedó corta por aproximadamente MXN $1,250 millones de pesos respecto a la meta proyectada para el primer trimestre de 2026.
Además, Tellez argumentó que el nuevo impuesto a bebidas con edulcorantes no calóricos (bebidas light/zero), castiga a las empresas que innovaron para reducir el azúcar. En este sentido, el economista Gerardo Esquivel, quien participó en el panel, exhortó a un esquema tributario más coherente, ya que gravar bebidas sin azúcar es contradictorio si el objetivo declarado es combatir la diabetes.
Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Berenice Noemí Luna Ayala, advirtió que el exceso de regulaciones y carga impositiva desalienta la formalidad y “asfixia” al pequeño comerciante. Para Luna, esto tiene un efecto cascada, pues el incremento del IEPS provoca aumentos en toda la cadena de valor, afectando directamente la rentabilidad de las familias que dependen del comercio.
IEPS a cigarros impulsa el contrabando
Gerardo Esquivel explicó que prohibir productos o elevar impuestos en exceso genera un mercado paralelo que alimenta directamente al crimen organizado particularmente hablando de cigarrillos, donde existe un gap de precio entre un cigarro ilegal de MXN $15 contra uno legal de MXN$110.
El presidente de ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, señaló que el mercado negro ha crecido tanto que 1 de cada 4 cigarros en México proviene del contrabando, y denunció que grupos del crimen organizado imponen la venta de estos productos en ciertas regiones, impidiendo incluso la comercialización de marcas legales.
En este contexto, Rivera está impulsando una campaña para alertar a los tenderos que aún no saben identificar las diferencias entre una cajetilla legal y una ilegal. Según Rivera, 2 de cada 10 comerciantes tienen este desconocimiento.
Bajo el eslogan “No vale la pena”, la campaña de la ANPEC hace referencia directa a las “penas” (castigos) legales que ahora son mucho más severas, pues van desde los 5 años de cárcel hasta 9 años si se considera contrabando calificado y multas que van del 130% al 150% del valor de lo incautado.
El objetivo de la campaña es, señaló el directivo, informar y advertir a los tenderos para que no caigan en la tentación de ganancias rápidas que pongan en riesgo su libertad o su patrimonio.