La decisión de la SCJN, adoptada el 7 de enero de 2026, valida un mecanismo legal que puede frenar operaciones corporativas de alto impacto en México, al establecer que la libertad de asociación empresarial no está por encima de la protección de los acreedores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo que redefine las reglas para las fusiones empresariales en México, al confirmar que las personas acreedoras pueden oponerse judicialmente cuando consideren que sus derechos están en riesgo. El Pleno de la SCJN ratificó la constitucionalidad del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual “faculta a las personas acreedoras para oponerse judicialmente a la fusión de empresas y, mientras se resuelve dicha oposición, se suspenden sus efectos”. Una empresa cuestionó la norma al argumentar que “limitaba indebidamente su libertad de asociación”, sin embargo, la Corte determinó que tal libertad “no es absoluta” y que el Congreso tiene la facultad de establecer límites para asegurar la seguridad jurídica. El fallo también aclara que la ley ofrece alternativas para no frenar las fusiones, como “pagar las deudas, depositar su monto en una institución de crédito o contar con el consentimiento de todas las personas acreedoras”, según el comunicado oficial. La SCJN subrayó que la medida tiene una finalidad legítima: “evitar que la desaparición de las sociedades fusionadas afecte el cobro de créditos o deteriore injustificadamente el patrimonio de los acreedores”. Con esta resolución del Amparo en Revisión 50/2025, la Suprema Corte establece un precedente que impacta directamente a grandes corporativos y transforma el equilibrio entre concentración empresarial y derechos financieros.